La nueva moratoria paraliza 130.000 camas otros tres años y suprime las excepciones

El nuevo proyecto de ley de Medidas Urgentes paraliza la construcción de unas 130.000 camas turísticas otros tres años, suprime las excepciones por interés general y sólo contempla nuevas camas a cambio de renovación y permite a los ayuntamientos desbloquear sus planeamientos. Asimismo, rescatará los planeamientos turísticos insulares de los cabildos que no los concluyan en 13 meses, permitirá a los agricultores destinar el 30 por ciento del suelo a la generación de energías alternativas, devuelve a los ayuntamientos la posibilidad de clasificar suelo industrial y simplifica los permisos para edificaciones de uso agrícola, detalló hoy el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel. El proyecto de ley de Medidas Urgentes de Ordenación territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo está dividido en dos capítulos y será aprobado por el próximo Consejo de Gobierno, previsto para el martes, y el mismo miércoles será enviado a las administraciones implicadas y órganos de consulta, pues el objetivo del Gobierno es tramitarla por la vía de urgencia. El consejero estimó que aún queda suelo turístico con derechos urbanísticos consolidados con capacidad para construir unas 130.000 camas y los empresarios que no quieran esperar otros tres años pueden pedir que el Gobierno les expropie conforme a la ley estatal de precio justo y el Ejecutivo lo subastaría. Otra opción es dedicar el suelo a actividades relacionadas con el ocio, restauración o comercio, o bien cambiarlo por suelo residencial con la condición de que el 30 por ciento de las viviendas que se construyan sean de protección oficial. Las excepciones por interés general se acabaron y la única posibilidad de construir camas nuevas es por sustitución o renovación de planta obsoleta, pues las que se permitían en el último periodo y que no se construyeron ya no se pueden recuperar. Para incentivar la renovación, el Gobierno permitirá que se construyan más camas, dos más por cada cama que se sustituya en una edificación nueva, más una más por cada categoría que aumente el nuevo edificio. En el caso de rehabilitaciones, hasta un 50 por ciento más y un 25 por ciento más por cada categoría que se incremente, aunque como mínimo tiene que quedar como una explotación de cuatro estrellas. Además, a esta inversión privada, que tendrá que ajustarse a los estándares turísticos y que puede colocar las nuevas camas en la construcción de nuevas alturas, se sumará inversión pública para modernizar el entorno. Estos tres años de paralización podrán ser modificados mediante decreto siempre que lo ordene el Parlamento canario por cuestiones relacionadas con la coyuntura económica o medioambiental. Por otra parte, la norma no permitirá clasificar más suelo turístico en los próximos cinco años, salvo que sea a cambio de una desclasificación similar que haga que el saldo sea "cero", agregó Berriel, que compareció junto a la consejera de Turismo, Rita Martín. La nueva norma contempla la regularización de las de las explotaciones irregulares -que no ilegales, apostilló-, con su inscripción en el registro tras la inspección de turismo que confirme que se adaptan a la normativa. Los ayuntamientos no podrán otorgar cambios de usos para evitar que explotaciones turísticas se destinen a uso residencial y los cabildos que no hayan culminado sus plantes territoriales especiales de ordenación turística tendrán tres meses para emitir un informe con un plan de trabajo para su aprobación definitiva que no exceda el año, pues en caso contrario el Gobierno continuará con su tramitación. Lo relacionado con la Ordenación Turística está recogido en el segundo capítulo, mientras el primero, dedicado a la Ordenación Territorial, contempla medidas que permitirán a los ayuntamientos modificar y desarrollar sus planeamientos aunque aún no los hayan adaptado a las Directrices con la única condición de que tendrán que ser aprobadas por el Gobierno canario, que persigue desbloquear el suelo necesario para viviendas, colegios y otros servicios públicos. A los ayuntamientos, que recuperan la capacidad de calificar suelo industrial, se les pide que destinen el 20 por ciento a parcelas no superiores a 300 metros cuadrados para que los pequeños talleres puedan salir de los núcleos urbanos. Para reactivar la actividad agraria se simplifican los trámites de calificaciones de diversidad de actividades y sólo se exigirá licencia simplificada para las construcciones ligadas a la agricultura como bodegas o cuartos de aperos. Además, para animar a los agricultores cuyas explotaciones no son rentables, podrán dedicar el 30 por ciento del suelo a generar energía, al tiempo que se crea un registro para las explotaciones ganaderas