El Estado espera una respuesta de Canarias para construir la cárcel

Según un comunicado hecho público hoy por la Delegación del Gobierno en Canarias, las únicas obras que se han llevado a cabo se han limitado hasta el momento a tareas de desbroce, de movimiento de tierra y de explanación de la parcela. Así mismo, en la nota se indica que desde el punto de vista urbanístico y medioambiental están "despejadas todas las dudas de tramitación", según ha resuelto la Secretaría General para la Prevención y el Cambio Climático El Gobierno de Canarias ha dado ya su visto bueno al emplazamiento de la citada prisión, señala la nota, al tiempo que informa de que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional poseen el texto definitivo, acordado por ambas partes, y pendiente sólo de firmar para que quede formalmente constituido el mencionado convenio. Explica que no se trata de una expropiación y que la cantidad a desembolsar para adquisición de la parcela como la superficie que se requiere han sido pactados ya entre el Estado y el Gobierno de Canarias. El acuerdo incluye también los cometidos que quedan asignados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), responsable de las infraestructuras y equipamientos penitenciarios. El futuro centro penitenciario está incluido en la categoría de Obra Pública de Interés General, cuya planificación corresponde al Estado, en el marco de sus competencias legalmente asignadas. Esta obra pública va dirigida junto con otras actuaciones a cubrir las necesidades presentes y futuras en materia penitenciaria en Canarias y abriría la posibilidad al retorno a las islas de unos mil canarios que actualmente cumplen condena en otros centros de la Península. En relación a ello, entre los objetivos de la Ley General Penitenciaria está el de evitar el desarraigo de los internos en cuanto al cumplimiento de sus penas de privación de libertad. A ello se suma la conveniencia de no añadir una doble separación de sus familiares, con dificultades para desplazarse a visitarlos a la Península. El centro penitenciario de San Bartolomé de Tirajana significará además un "revulsivo económico" en los próximos dos años para un sector como el de la construcción en Gran Canaria, que comienza a acusar una cierta desaceleración económica. Durante la fase de construcción del mismo se empleará una media de personal de unas 350 personas, con momentos puntuales de hasta 700 trabajadores empleados, y, una vez finalizada la obra y entre en funcionamiento, servirá también para dinamizar la zona donde se implante. Para ese entonces, se calculan en unos 600 trabajadores, entre personal funcionarial, laboral y guardias civiles, los que empleará el centro penitenciario. Ello incidirá también positivamente en términos económicos, dado que la tendencia de buena parte de esos trabajadores será la de establecerse en las cercanías de su centro de trabajo. Además, hay que sumar los proveedores del propio centro y de los servicios que el mismo demande del exterior.