La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, aseguró que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) no puede iniciar las obras de la cárcel de Juan Grande hasta que se apruebe el Plan Territorial Especial.
Estas declaraciones fueron efectuadas tras conocerse que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto de la cárcel de Juan Grande al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes.
Por ese motivo, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios entendió que cuenta con la aprobación por silencio administrativo.
La primera edil, en declaraciones a EFE, ratificó que la Sociedad Estatal envió un escrito que entró en el Registro Municipal el día 11 de marzo que otorgaba un plazo de 30 días para que el Ayuntamiento informara si el Plan General de Ordenación (PGO) contemplaba la cárcel en Juan Grande.
Explicó que el Consistorio no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes, ya que tres días después, el 14 de marzo, "recibimos al director de esa sociedad que coincidió con el desalojo de las oficinas municipales".
La alcaldesa informó verbalmente al representante estatal que "tardaríamos un poco más en contestar ante el problema del desalojo de las oficinas, pero que de todas maneras no estábamos fuera de tiempo porque no podrían mover absolutamente nada de nada, porque la sociedad estatal precisa de otros documentos".
En este sentido, indicó que debe disponer de la aprobación del Plan Territorial Especial para calificar el suelo rústico de la zona objeto de la construcción, y posteriormente clasificarlo con la denominación de sistemas generales para autorizar las obras.
"De esa manera es como único se podría construir la cárcel", precisó, cuestión para la que necesita por otra parte, la aprobación definitiva en el PGO, así como un informe de evaluación de impacto medio ambiental que no se ha presentado.
En febrero de 2008, recordó, la SIEP remitió al Ayuntamiento el avance del informe medioambiental al que el Gobierno municipal presentó alegaciones, al considerar que existen "tres grandes impactos" y se han propuesto un total de dieciséis medidas correctoras.
Torres subrayó que hasta ahora no se ha aprobado el estudio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), condicionante para aprobar en el Consejo de Gobierno cualquier autorización para el movimiento de tierra que ya se produce en la zona desde hace unos meses.
La alcaldesa reiteró que "no hay ningún plazo corriendo" porque primero debe cambiarse la calificación de los terrenos en el Plan Territorial Especial y, "por tanto, no hay forma de que esos terrenos se pudieran mover".
Por ese motivo, la Alcaldía ha remitido un escrito al Gobierno de Canarias en el que pide la inmediata paralización de los movimientos de tierra que se llevan en la zona como administración competente en terrenos rústicos.
Ante la denuncia de los vecinos, el Ayuntamiento ha recibido incluso un requerimiento judicial en el que se le pide una explicación sobre la continuidad de las obras, a lo que contestó que las competencias en esta materia están delegadas al Gobierno de Canarias.
Estas declaraciones fueron efectuadas tras conocerse que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto de la cárcel de Juan Grande al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes.
Por ese motivo, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios entendió que cuenta con la aprobación por silencio administrativo.
La primera edil, en declaraciones a EFE, ratificó que la Sociedad Estatal envió un escrito que entró en el Registro Municipal el día 11 de marzo que otorgaba un plazo de 30 días para que el Ayuntamiento informara si el Plan General de Ordenación (PGO) contemplaba la cárcel en Juan Grande.
Explicó que el Consistorio no emitió el informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico en el plazo de un mes, ya que tres días después, el 14 de marzo, "recibimos al director de esa sociedad que coincidió con el desalojo de las oficinas municipales".
La alcaldesa informó verbalmente al representante estatal que "tardaríamos un poco más en contestar ante el problema del desalojo de las oficinas, pero que de todas maneras no estábamos fuera de tiempo porque no podrían mover absolutamente nada de nada, porque la sociedad estatal precisa de otros documentos".
En este sentido, indicó que debe disponer de la aprobación del Plan Territorial Especial para calificar el suelo rústico de la zona objeto de la construcción, y posteriormente clasificarlo con la denominación de sistemas generales para autorizar las obras.
"De esa manera es como único se podría construir la cárcel", precisó, cuestión para la que necesita por otra parte, la aprobación definitiva en el PGO, así como un informe de evaluación de impacto medio ambiental que no se ha presentado.
En febrero de 2008, recordó, la SIEP remitió al Ayuntamiento el avance del informe medioambiental al que el Gobierno municipal presentó alegaciones, al considerar que existen "tres grandes impactos" y se han propuesto un total de dieciséis medidas correctoras.
Torres subrayó que hasta ahora no se ha aprobado el estudio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), condicionante para aprobar en el Consejo de Gobierno cualquier autorización para el movimiento de tierra que ya se produce en la zona desde hace unos meses.
La alcaldesa reiteró que "no hay ningún plazo corriendo" porque primero debe cambiarse la calificación de los terrenos en el Plan Territorial Especial y, "por tanto, no hay forma de que esos terrenos se pudieran mover".
Por ese motivo, la Alcaldía ha remitido un escrito al Gobierno de Canarias en el que pide la inmediata paralización de los movimientos de tierra que se llevan en la zona como administración competente en terrenos rústicos.
Ante la denuncia de los vecinos, el Ayuntamiento ha recibido incluso un requerimiento judicial en el que se le pide una explicación sobre la continuidad de las obras, a lo que contestó que las competencias en esta materia están delegadas al Gobierno de Canarias.
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