El concejal de Policía de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Peñate, pisó los juzgados de primera instancia, esta vez no como letrado sino como querellado. El concejal, que eludió pronunciarse ante los medios de comunicación, se defendió de las acusaciones vertidas por un sindicato municipal que lo culpa de malversación de caudales públicos, ya que cobró desde que tomó posesión 2.232 euros mensuales y a la vez ejerció como abogado. Peñate se mostró dispuesto a devolver al Ayuntamiento los sueldos que ha percibido como edil sin tener reconocida la compatibilidad en su actividad de abogado adscrito al turno de oficio. Por su parte, el abogado del edil, Carmelo López, negó que su cliente se haya apropiado o haya sustraído fondos públicos en razón de su cargo. Y es que los hechos denunciados suponen para la defensa una irregularidad administrativa que ni siquiera se corresponde con el ilícito penal imputado, pues la querella "no tiene fundamento jurídico alguno".








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