La querella presentada contra el concejal de la Policía Local en San Bartolomé de Tirajana, Francisco Peñate, ha vuelto a enfrentar a los socios de gobierno (NC-PSOE) en el Ayuntamiento.
Manolo Reyes / Maspalomas.- Tanto Nueva Canarias como el PSOE han entrado en una espiral de presiones mutuas para contrarrestar las consecuencias políticas de la denuncia, que por el momento ha supuesto la imputación del edil Francisco Peñate en un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de agravar la mala relación que existe entre nacionalistas y socialistas, informa el periódico La Provincia.
Y es que la querella no ha sentado nada bien en las filas de NC, que ve detrás de ella una artimaña de un cabo de la Policía Local afín al PSOE para conseguir determinados privilegios en el cuerpo local de seguridad.
De hecho, el propio Peñate ha reconocido que la denuncia obedece a un enfrentamiento personal con un miembro de la Policía, que hasta hace poco disfrutaba de unos complementos de productividad que han sido derogados y que los socialistas han intentado recuperar en vano.
Además, el agente está adscrito a Disciplina Urbanística, un departamento dirigido por el PSOE que durante el mandato ha tenido varios enfrentamientos con la cúpula de la Policía Local, cuyo responsable es el nacionalista Peñate.
El último de ellos ocurrió el pasado fin de semana, y se produjo porque ambos negociados tenían órdenes diferentes para cerrar los bares de Playa del Inglés. La discusión mantenida en público con un subinspector ha desencadenado la apertura de un expediente que evidencia el escaso entendimiento entre los socios.
De hecho, ambos partidos han intentado mediar sin éxito en el conflicto, cuyo enquistamiento amenaza con perturbar nuevamente la estabilidad del pacto de gobierno, entre otros motivos porque el agente de policía está respaldado por Narváez. De ahí que la alcaldesa del municipio, María del Pino Torres, haya realizado nuevas gestiones para intentar desactivar el enfrentamiento y evitar la dimisión de su concejal.
La querella ha sido presentada por un sindicato con representación en la Policía Local, el STAP, y en ella se acusa a Francisco Peñate de desempeñar una profesión que es incompatible con su cargo municipal, la de abogado de oficio, cobrando por ello un sueldo de la administración estatal que choca con su dedicación exclusiva de edil.
También sostiene el sindicato que el quebranto causado a la hacienda pública es grave y continuado, sobre todo por la propia formación jurídica del imputado, que compagina ambas actividades a sabiendas de que no tiene reconocida la compatibilidad exigida por la legislación para esos casos, según recoge la denuncia. En esa línea se aporta una relación de las guardias prestadas por Peñate en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana durante el último año.
Manolo Reyes / Maspalomas.- Tanto Nueva Canarias como el PSOE han entrado en una espiral de presiones mutuas para contrarrestar las consecuencias políticas de la denuncia, que por el momento ha supuesto la imputación del edil Francisco Peñate en un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de agravar la mala relación que existe entre nacionalistas y socialistas, informa el periódico La Provincia.
Y es que la querella no ha sentado nada bien en las filas de NC, que ve detrás de ella una artimaña de un cabo de la Policía Local afín al PSOE para conseguir determinados privilegios en el cuerpo local de seguridad.
De hecho, el propio Peñate ha reconocido que la denuncia obedece a un enfrentamiento personal con un miembro de la Policía, que hasta hace poco disfrutaba de unos complementos de productividad que han sido derogados y que los socialistas han intentado recuperar en vano.
Además, el agente está adscrito a Disciplina Urbanística, un departamento dirigido por el PSOE que durante el mandato ha tenido varios enfrentamientos con la cúpula de la Policía Local, cuyo responsable es el nacionalista Peñate.
El último de ellos ocurrió el pasado fin de semana, y se produjo porque ambos negociados tenían órdenes diferentes para cerrar los bares de Playa del Inglés. La discusión mantenida en público con un subinspector ha desencadenado la apertura de un expediente que evidencia el escaso entendimiento entre los socios.
De hecho, ambos partidos han intentado mediar sin éxito en el conflicto, cuyo enquistamiento amenaza con perturbar nuevamente la estabilidad del pacto de gobierno, entre otros motivos porque el agente de policía está respaldado por Narváez. De ahí que la alcaldesa del municipio, María del Pino Torres, haya realizado nuevas gestiones para intentar desactivar el enfrentamiento y evitar la dimisión de su concejal.
La querella ha sido presentada por un sindicato con representación en la Policía Local, el STAP, y en ella se acusa a Francisco Peñate de desempeñar una profesión que es incompatible con su cargo municipal, la de abogado de oficio, cobrando por ello un sueldo de la administración estatal que choca con su dedicación exclusiva de edil.
También sostiene el sindicato que el quebranto causado a la hacienda pública es grave y continuado, sobre todo por la propia formación jurídica del imputado, que compagina ambas actividades a sabiendas de que no tiene reconocida la compatibilidad exigida por la legislación para esos casos, según recoge la denuncia. En esa línea se aporta una relación de las guardias prestadas por Peñate en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana durante el último año.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.35