La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia que desde Canarias se están tramitando órdenes de devolución de inmigrantes rescatados de pateras y cayucos sin que previamente se ofrezca a estas personas, entre las que puede haber potenciales refugiados, una "asistencia letrada adecuada".
En un comunicado, la organización ha alertado este miércoles de esta "grave vulneración del derecho internacional" que, según afirma, se puede estar cometiendo en el muelle de Arguineguín, donde han pernoctado casi 2.000 africanos.
Además de advertir de que esta práctica también contravienen la ley española de extranjería, AI ha puesto de manifiesto que, consecuentemente, "cientos de personas podrían enfrentarse a una devolución sin tener la oportunidad de pedir asilo".
Por ello, ha reclamado al Gobierno español que establezca "un mecanismo urgente de emergencia y asegure una adecuada atención a todas estas personas para que se garanticen sus derechos y se identifique a las más vulnerables, entre ellas posibles víctimas de trata".
De igual forma, AI ha solicitado a la Administración estatal que ofrezca "instalaciones adecuadas" a las miles de personas que permanecen en el muelle de Arguineguín a la espera de una plaza de acogida inmediata.
La organización ha recalcado que "todas las personas tienen derecho a recibir una adecuada asistencia letrada y a acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido el acceso a la salud, sin discriminación".
Su director en España, Esteban Beltrán ha incidido en que "decretar órdenes de devolución directamente, tras haberlas tramitado en el puerto sin que las personas hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada, para que puedan acceder a una información sobre sus derechos, como el de pedir protección internacional, y que esta asistencia se produzca con traductores y en espacios adecuados, es una grave irregularidad a la que se debería poner fin de inmediato".
Beltrán asegura que AI es consciente de la fuerte presión migratoria que soporta Canarias y de los esfuerzos que se hacen en las islas por cumplir los protocolos sanitarios derivados de la covid-19, pero considera que "las autoridades no pueden obviar sus obligaciones legales".
Por eso, alerta de que "las devoluciones pueden entrañar peligros para las personas en el país de tránsito o de destino" y de que "muchas de estas personas huyen de la guerra y la persecución y tienen derecho a protección internacional".







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