Francisco Oliva: "Con el confinamiento los menores en situación de desamparo se han quedado sin el escudo de los técnicos"

La crisis sanitaria y económica del coronavirus ha provocado que la situación de varios colectivos sociales, especialmente vulnerables, empeore sensiblemente. Ese es el caso de los menores en situación de desamparo en Canarias, unos 1.970 niños y niñas de las islas a los que el confinamiento y el estado de alarma del Covid-19 ha llevado a la exclusión y la problema mal llamada crónica.

El presidente de la Asociación de Familias Acogentes de Canarias (ASFACA), Francisco Oliva, asegura que actualmente hay más de un millar de menores que se encuentran en centros de acogida, unos 700 con familiares y otros con familias ajenas o profesionalizadas, así como los menores extranjeros no acompañados, llegados en pateras al archipiélago.

Hay menores en desamparo que “podrían estar viviendo circunstancias muy difíciles, bien sea por comida, atención personal, maltrato físico y sexual y cualquier otra circunstancia”, que en situación normal sería detectada por vecinos, amigos, pediatras, profesores, o en general por el entorno del menor”, que es el que “hace de escudo y hace que salten las alarmas” para que la administración pueda tomar las riendas y mejorar su vida en lo posible, ha indicado Oliva.

Los servicios sociales de los ayuntamientos, que son “los primeros que detectan el riesgo, no han podido ir a visitar y controlar la situación de estos menores”, al igual que ocurre con las ONG’s o empresas que trabajan para este fin, actualmente “no pueden ir a controlar cómo están estos niños” y por tanto “nadie sabe cómo están o en qué condiciones se encuentran”.

En la crisis sanitaria del coronavirus, estos menores y los profesionales tienen “falta de Información actualizada de cómo se encuentran esos menores”, ya que “los técnicos no pueden acercarse a ellos para verificar su estado”, sobre todo en casos “de maltrato o maltratadores, no solo físico, sino alimenticio, de higiene o psicológico”.

Hay que tener en cuenta, ha explicado, que muchos de estos niños, “hacían su comida en los comedores escolares o escuelas infantiles”, y estos servicios “han sido cancelados por la situación actual” provocada por el Covid-19.

Además, en Las Palmas existe un mayor número de menores en desamparo, que viven en entornos sin recursos y sin red de apoyo, en riesgo de exclusión y de pobreza.

Además, como ha recordado, en Canarias “desde el año 2015 los menores en desamparo no pueden disfrutar de una familia porque el Gobierno de Canarias ha apostado por el Acogimiento Residencial”, en lugar de “hacer caso a los profesionales y a organismos que aseguran que los menores deben de estar en familias”.

Aunque la asociación que dirige Francisco Oliva trata de hacer un seguimiento telemático, con llamadas y videoconferencias, “se han cancelado las visitas de los profesionales de servicios sociales, psicólogos y psiquiatras, terapeutas y otros servicios como apoyo escolar”. 

Esta atención y control “hacía más fácil la vida de los niños y niñas en desamparo” ya que esta red “ les ayuda a mejorar su pasado y fortalecer su futuro” y ha quedado paralizada por el coronavirus.

Para Francisco Oliva es necesario actuar contra “la ralentización de los acogimientos y la falta de seguimiento de los casos”, para lo que la Dirección General debería implementar ciertas herramientas. Como ha señalado, “al igual que se dispusieron de medios digitales para los colegios, habría dispositivos electrónicos que se podrían usar para la supervisión de los técnicos a los menores en sus casas”.

Aunque sea a través de una pantalla, los profesionales podrían así “hacerles preguntas y apoyarlos, de forma que los menores no se sientan solos”.

Del mismo modo, atendiendo a la previsión de crisis económica que provocará el cierre de actividad por coronavirus en las islas, “es posible que familias acogentes hayan visto mermada su economía y no puedan ser futuras adoptantes o acogentes”, por lo que a juicio de Oliva, “es necesario buscar fórmulas entre la administración y las familias” para actualizar protocolos y condiciones del acogimiento.

Este problema se agudiza en lo denominado como familias extensas, es decir, menores en desamparo que son acogidos por familiares, ya que en este caso “no tienen opción a renunciar o modificar su acogimiento al ser familia”, y muchas veces por esto mismo “olvidados por la administración”.