La portavoz del PP-AV en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, ha mostrado hoy su preocupación porque en la actualidad, se desconoce qué empresa será la encargada de la organización del Carnaval Internacional de Maspalomas, así como de la parte artística.
Las personas interesadas desconocen a quién dirigirse para inscribirse y poder optar a un chiringuito porque “no hemos visto nada publicado al respecto con las correspondientes bases. Tampoco conocemos si se ha adjudicado mediante algún procedimiento el montaje, infraestructura del escenario, y si existe algún técnico municipal que supervise dicho montaje teniendo constancia de que, ya hay personal no municipal trabajando en él”, indicó en un comunicado.
“No se puede tolerar ni permitir que el evento más importante para la promoción turística de Maspalomas se deje en manos de la improvisación, es la fiesta más popular para nuestros vecinos, pero también es un reclamo en la programación de los turoperadores y cadenas hoteleras”, añadió Álamo.
En su opinión, un evento de esta envergadura requiere de, al menos, tres meses de organización previa, sobre todo porque las agencias de contratación de artistas internacionales establecen ese plazo de antelación para contratar en el mejor de los casos, precisó.
Álamo no entiende por qué esta licitación no se produjo durante el mes de septiembre u octubre, y confía en que no se produzcan incidencias en el proceso de licitación; y que se retrase el contrato y ponga en riesgo la celebración del Carnaval.
Asimismo, ha aprovechado para recordar como la actual alcaldesa, Concepción Narváez, ya en calidad de candidata a las elecciones municipales por el PSOE, denunciaba el pasado año cuando gobernaba el PPAV, el bloqueo que, a falta de 60 días de la celebración, mantiene en la incertidumbre la organización del Carnaval Internacional de Maspalomas. Los problemas se acumulan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que a dos meses de las fiestas aún no ha publicado la licitación para su organización.
Por su parte, un grupo de empresarios se ha dirigido a este periódico para revelar que estudian medidas legales contra la alcaldesa, y los responsables de Hacienda y Festejos, ante lo que consideran un presunto delito de malversación de fondos públicos por la posible adjudicación “a dedo” sin mediar publicación alguna en el portal de Contratación del Estado, a tenor de la Ley de Transferencia y Contratos.
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