Veterinarios recurren el decreto sobre animales peligrosos

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas ha pedido la suspensión cautelar del decreto de animales potencialmente peligrosos del Gobierno de Canarias, porque les obliga a denunciar a sus clientes.

Para ello, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en los tribunales contra el decreto del Gobierno de Canarias del 5 de marzo de este año, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el BOC del 13 de marzo.

El recurso está planteado contra sus artículos 25.3 y 29.3, relativos a la obligación de los veterinarios de denunciar a sus propios clientes cuando tengan un animal potencialmente peligroso "y no les presenten, en el momento de prestarles la atención veterinaria, la correspondiente licencia municipal para la tenencia de dichos APP o cualesquiera de los documentos exigidos para la obtención de la misma", indica el Colegio de Veterinarios en un comunicado.

"Esta obligación excede de las competencias autonómicas y vulnera, además, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe ceder datos de clientes sin su autorización, salvo que una ley -no un decreto, norma de rango inferior- lo autorice", señala el recurso presentado por el abogado José Gutiérrez Cabrera.

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas considera que este decreto que se impugna, "contrariamente a lo que pretende, genera confusión al mezclar los perros, que constituyen más del 90% de los animales de compañía potencialmente peligrosos, con las diversas especies de la fauna salvaje que se reseñan profusamente en los anexos del decreto de que se trata".

En él, además "no se han seguido criterios técnicos rigurosos para excluir e incluir determinadas especies de dicha fauna silvestre entre las que son o no susceptibles de licencia para su tenencia, pues varias de éstas últimas presentan, desde el punto de vista técnico, menor peligrosidad objetiva que otras sobre las que sí se permite su tenencia".

Los veterinarios solicitan expresamente que se acuerde la adopción de medidas cautelares, consistentes en la suspensión de la aplicación y ejecutividad de los artículos impugnados 25.3 y 29.3 del decreto 30/2018, de 5 de marzo, hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del mismo.

El letrado del Colegio de Veterinarios considera que la ejecución de los dos citados artículos del decreto impugnado "le causaría a todo el colectivo veterinario, agrupados en el Colegio recurrente, unos daños de difícil e incluso imposible reparación".

En el recurso se señala que la comunicación a los ayuntamientos, por parte de los veterinarios, de los datos de sus clientes sin la expresa autorización de los mismos, obligaría a dichos veterinarios a vulnerar lo establecido por el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que no permite ceder datos personales de clientes sin su autorización salvo que tal cesión esté expresamente autorizada por una ley, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, donde tal cesión de datos viene impuesta a través del Decreto impugnado que, como tal, no tiene rango de Ley.

Además, el letrado afirma que la aplicación de los artículos impugnados del Decreto de que se trata, "al obligar a los veterinarios a vulnerar una Ley Orgánica, les aboca al riesgo cierto de ser sancionados con las severas e importantes sanciones económicas que establece dicha Ley Orgánica de Protección de Datos".

La cesión de datos cuando no está permitida constituye una infracción muy grave que puede ser sancionada con multa de 300.001 a 600.000 euros.