2007, un intenso año político

Se acaba un año de una enorme intensidad política, que abría la séptima legislatura autonómica y que culminaba una de las más agrias y crispadas en el ámbito estatal. Donde ha sido difícil encontrar consensos, en una etapa en que la derecha española ha mostrado una actitud escasamente centrada que ha afectado hasta al normal funcionamiento de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Un año en el que, definitivamente, el cambio climático se ha impuesto en la agenda mediática y, también, en las preocupaciones de las organizaciones políticas, de las organizaciones internacionales y de los gobiernos de todo el mundo. Y en el que, desgraciadamente, la violencia sigue teniendo un papel de primer orden en numerosas naciones, en forma de terrorismo y conflictos bélicos y, asimismo, de pobreza extrema e imposibilidad de acceso a la vivienda, la educación o la salud. En el caso del Estado español la confirmación de la ruptura del alto el fuego permanente por parte de ETA ha sido una pésima noticia. Todos éramos y somos conscientes de las enormes dificultades para acabar con la banda armada tras más de cuarenta años de asesinatos, secuestros, extorsiones y secuestros. No va a ser un camino sencillo, porque pese a su cada vez mayor aislamiento, pese a su cada vez mayor debilidad, ETA aún tiene capacidad para sembrar la muerte y la destrucción, su único lenguaje. Visión de Estado Por eso, resulta enormemente grave la desunión de las fuerzas democráticas en la lucha contra el terrorismo. El PP, por fines fundamentalmente electoralistas, se ha instalado en la irresponsabilidad a lo largo de toda la legislatura haciendo de este asunto su principal arma de oposición contra el Gobierno de Zapatero. Le ha faltado visión de Estado, con una actitud que fragmenta y desmoraliza a la sociedad, y que tiene poco o nada que ver con lo que los distintos partidos hicieron cuando el PP desde el Gobierno Aznar tomó decisiones en la lucha contra ETA, entre ellas el acercamiento de presos o la negociación. Igual de irresponsable que fue el PP, hasta el último minuto, respecto a la investigación del atentado terrorista del 11-M, enarbolando teorías conspiratorias, poniendo al pie de los caballos a policías, fiscales y jueces, desconsiderando a las víctimas. La legislatura estatal posibilitó, casi en el último momento, la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que desde NC apoyamos como un ejercicio de justicia y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, aunque no pudimos lograr la inclusión del caso del estudiante grancanario Javier Fernández Quesada, asesinado en el campus de la Universidad de La Laguna hace ahora treinta años. Presupuestos Y, en el último pleno del Congreso, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, las mejores cuentas públicas para las Islas de todo el período democrático, a las que contribuimos desde Nueva Canarias con enmiendas destinadas a la mejora del transporte público, la rehabilitación turística o las infraestructuras educativas, mientras ATI-CC trataba de boicotearlas priorizando su estrategia bronquista con Madrid y aún a costa de perjudicar gravemente a Canarias y sus ciudadanos y ciudadanas. En nuestra Comunidad no fue menos intenso el debate y la actividad política en este período. Ha sido el año en que se despejaron las dudas sobre la viabilidad de un nuevo nacionalismo, que pasó por la reválida de las urnas confirmando que dispone de un espacio, de un relevante apoyo social, que se tradujo en las responsabilidades de gobierno que nos asignó la ciudadanía en numerosos ayuntamientos y en el propio Cabildo de Gran Canaria; y que no alcanzó representatividad en el Parlamento canario por la restrictiva e injusta ley electoral canaria. Una representatividad que hubiese sido determinante para el cambio de ciclo en la política canaria. La irrupción de ese nuevo nacionalismo posibilitó el cambio político en las principales instituciones de Gran Canaria. Pero el cambio quedó truncado en el Gobierno de Canarias, pese al significativo retroceso experimentado en las urnas por PP y ATI-CC que, a la postre, conformaron un Ejecutivo de las dos derechas, la insularista y la estatalista. 2007 fue, asimismo, el año del anunciado fracaso de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, sometido por ATI-CC, PSOE y PP al juego de los intereses políticos, utilizado por todos como moneda de cambio, hasta hacerlo completamente inviable, permitiendo la muerte de un texto que nació mal, sin el suficiente consenso social y político, que no resolvía los asuntos esenciales para el futuro de esta tierra, y que finalmente paralizaron las pugnas partidarias. Y junto al vergonzante fracaso estatutario, algunos resucitaron veleidades soberanistas, al margen de las preocupaciones y el sentir ciudadanos, y colocadas más como una huida hacia delante, como una forma de neblinar procesos judiciales en marcha o de convertirlo en un nuevo ariete en el enfrentamiento con el Gobierno central. Un enfrentamiento que ha sido el santo y seña del Gobierno canario fruto del pacto entre Rivero y Soria, rompiendo CC con su tradición de entendimiento con Madrid y convirtiéndose en fiel aliado de la estrategia conservadora para tratar de llegar a La Moncloa. Un año, como ven, este 2007 que vive sus últimas horas, en el que se han producido avances y retrocesos, y que deja muchas asignaturas pendientes para Canarias en el camino de construir un país más desarrollado, más sostenible, más justo y equilibrado, que dé respuestas, en todos los frentes, a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas.