Una cadena hotelera debe devolver 4 millones en ayudas por incumplir la política de empleo

El Tribunal Supremo ha condenado a la empresa Anjoca Canarias a devolver cuatro de los 15 millones de euros de ayudas públicas que recibió hace una década para construir cuatro hoteles y un campo de golf en Fuerteventura por haber creado un 26 % de empleos menos de los que se comprometió.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo refrenda así la decisión que tomó hace tres años la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, al declarar que la sociedad propietaria de la cadena de hoteles Elba no había cumplido en su integridad las condiciones que asumió a cambio de recibir incentivos públicos de la Zona de Promoción Económica de Canarias.

Anjoca Canarias recibió una ayuda pública de 15,2 millones de euros para construir en el municipio de Antigua tres hoteles cuatro estrellas, uno de cinco y un campo de golf, un proyecto en el que se comprometía a invertir casi 90 millones de euros y a generar 508 puestos de trabajo, que estaba obligada a mantener hasta 2009.

Al hacer balance del aprovechamiento de esas ayudas públicas, el Gobierno detectó que la empresa había creado 134 empleos menos, por lo que le exigió devolver 4,05 millones (la parte de la subvención proporcional al incumplimiento de la condiciones pactadas), más los intereses legales aplicables (en este caso, 1,49 millones).

La empresa alegaba en su defensa que la crisis económica que comenzó en 2008 le había impedido cumplir sus compromisos de empleo en su totalidad, un argumento que el Supremo no acepta.

"En el ámbito de los incentivos regionales, no puede considerarse que la coyuntura económica pueda dispensar del cumplimiento de las obligaciones asumidas al aceptarse la resolución individual (de concesión de ayudas). Las circunstancias alegadas por la empresa se inscriben dentro del ámbito del riesgo empresarial", le responde el magistrado Ángel Ramón Arozamena, ponente de la sentencia.

En el mismo sentido, el Supremo abunda que "las situaciones de crisis económica con repercusión en el sector empresarial para el que se concedió la subvención no se han considerado un motivo de fuerza mayor ni una causa que justifique el incumplimiento de las condiciones de la subvención", como muestra su propia jurisprudencia sobre casos similares a los planteados por Anjoca Canarias.