La jueza Inmaculada Verona amplió los delitos de los que están acusados los ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana José Juan Santana, Marco Aurelio Pérez y Concepción Narváez a prevaricación administrativa y un delito contra la ordenación del territorio, informó el TSJC.
La jueza titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana tomó declaración este miércoles a los tres ex primeros ediles de la localidad turística por supuestas irregularidades, en un convenio urbanístico para construir viviendas sociales en unos terrenos de propiedad privada.
Tras ello, también declaró imputado como cooperador necesario de los ediles a Juan Viera Pestana, quien había sido denunciado por su familia, propietaria de los terrenos, al considerar que no tenía capacidad jurídica para erigirse como portavoz y tomar determinadas decisiones como firmar el convenio.
Santana asegura que sólo se dedicó a cumplir el convenio urbanístico El Tablero
El ex alcalde de San Bartolomé de Tirajana José Juan Santana, dijo hoy tras declarar unas dos horas ante la titular del Juzgado Número 1 del municipio que en s mandato "el Ayuntamiento sólo se dedicó a cumplir un convenio urbanístico" que afectaba a las parcelas T6 y T1 de El Tablero.
Santana (NC) fue uno de los tres ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana que, junto a Marco Aurelio Pérez (PP) y Concepción Narváez (PSOE), prestaron declaración en el citado juzgado.
La denuncia que ha motivado las imputaciones de los tres ex alcaldes fue presentada por unos particulares, una vez que el Ayuntamiento permitió la construcción de viviendas de protección oficial sobre suelo particular sin autorización de las propietarios.
José Juan Santana, quien declaró entre las 11.30 y las 13.30 horas, explicó que, en los últimos meses de su mandato, que expiró en 2001, se produjeron varias resoluciones judiciales, pero hasta entones el convenio urbanístico, de cuyas compensaciones disfrutaban tanto el Ayuntamiento como los propietarios del suelo, no había sido denunciado.
En este sentido, Santana precisó los informes jurídicos que cuestionaron la propiedad de los terrenos se redactaron cuando ya no ejercía como alcalde del municipio, un argumento que utilizó en su defensa.
Cogida por los pelos
Por su parte, la ex alcaldesa del PSOE, Concepción Narváez, salió del juzgado a las 16.30 horas tras prestar declaración durante hora y media.
En su comparecencia, presentó un certificado en el que acredita que desde el año 2003 hasta 2005 fue concejal de Cultura y Mujer, áreas que no tenían que ver con el asunto que se investiga, y que en 2005 entró como alcaldesa pero con el área de Urbanismo delegada precisamente en José Juan Santana.
"Yo diría que estoy cogida por los pelos porque se dice de mí que hice entrega de las llaves de las viviendas del T6 del Tablero, pero es un acto bastante protocolario donde también intervino el Gobierno de Canarias", añadió.
Narváez indicó que, una vez en la Alcaldía, las viviendas estaban terminadas y adjudicadas y dijo que entonces desconocía muchos datos, sobre todo de un informe de 2003 que advertía del problema.
El ex alcalde del PP Marco Aurelio Pérez, cuyo mandato fue anterior al de Narváez (2001-2005), declinó hacer declaraciones a los periodistas tras declarar durante media hora ante la juez, aunque permaneció en dependencias judiciales desde las 10.20 y hasta las 15.00 horas, tiempo en el que, junto con sus abogados, entregó diversa documentación en su defensa.
La querella que implica a estos tres ex alcaldes fue ampliada recientemente y contiene 18 folios en los que se explica que el Ayuntamiento permitió durante el mandato de José Juan Santana la construcción de viviendas de protección oficial en un terreno particular sin la autorización de la familia Viera Pestana, propietaria de los mismos.
Los terrenos corresponden a las parcelas T6 y T1, ubicadas en El Tablero, las cuales, además, se encuentran en litigio entre la propia familia, ya que varios de sus miembros denunciaron a otro que, en representación de los herederos, vendió los terrenos sin su consentimiento, por lo que también está citado a declarar.
Discuten mediante cruces de querellas que la rúbrica del apoderado es falsa y que por tanto no los representa, una denuncia que fue presentada en el año 2002.
El conflicto entre las seis familias y los más de 200 herederos de Viera Pestana se remonta al año 1995 cuando se aprueba el convenio para urbanizar El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana.
Entre otros aspectos, la querella destaca la ausencia de proyectos de compensación urbanística de las correspondientes juntas de compensación y la concesión de licencia urbanística donde se encontraba suspendida tal competencia municipal.
Fotos: Sergio Pérez
La jueza titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana tomó declaración este miércoles a los tres ex primeros ediles de la localidad turística por supuestas irregularidades, en un convenio urbanístico para construir viviendas sociales en unos terrenos de propiedad privada.
Tras ello, también declaró imputado como cooperador necesario de los ediles a Juan Viera Pestana, quien había sido denunciado por su familia, propietaria de los terrenos, al considerar que no tenía capacidad jurídica para erigirse como portavoz y tomar determinadas decisiones como firmar el convenio.
Santana asegura que sólo se dedicó a cumplir el convenio urbanístico El Tablero








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