Trabajadores denuncian una nueva agresión de un recluso en la prisión de Juan Grande

Trabajadores de instituciones penitenciarias de Canarias han denunciado este martes que el déficit estructural de personal penitenciario y la ausencia de tratamiento para la enfermedad mental en prisiones están disparando la conflictividad en los centros, como ha sucedido recientemente en la prisión de Juan Grande, en la que ha resultado herido un funcionario que trató de mediar en una pelea entre dos internos.

Los hechos se produjeron cuando un interno del módulo de observación de Juan Grande, donde residen los internos más conflictivos, se dirigió al economato exigiendo al interno encargado de dicho servicio que se le dieran los productos gratis. " Al no lograr su objetivo, comenzó a dar puñetazos y patadas al interno. Los funcionarios del departamento intervinieron para resolver la situación y evitar males mayores. En ese momento, uno  de los funcionarios recibió un golpe en la cara", relata CCOO en un comunicado.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias ha denunciado en reiteradas ocasiones "la situación alarmante de todos los centros penitenciarios del territorio nacional, donde las agresiones se están multiplicando por la falta de estrategias para abordar las posibles enfermedades mentales y el exceso de conflictividad de ciertos internos que no se adaptan al medio".

A esta situación, añaden un déficit estructural de personal de centro penitenciario de Juan Grande, "donde es urgente y necesaria una convocatoria de oferta de empleo extraordinaria para instituciones penitenciarias, con un déficit de personal reconocido por la administración de 3.000 vacantes", aseguran.

Para FSC-CCOO, la reinserción en las prisiones se ha convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de los internos y la propia salud de los trabajadores. sindicato quiere evitar a toda costa caer en el sensacionalismo y en el amarillismo divulgando sucesos como éste que han ido en aumento en los últimos años, pero tampoco quiere pasar por alto la oportunidad de señalar quiénes son los responsables que no están atendiendo ni la seguridad de los reclusos ni la de los empleados públicos.

En este sentido, apuntan que las agresiones en las prisiones son evitables y, por supuesto, no quedan compensadas por la nómina de los trabajadores. A su juicio, "estas agresiones se producen porque los gestores en los centros, y a la cabeza de ellos el secretario general de Instituciones Penitenciarias, no les preocupa este problema".

A este respecto, señalan la última “ocurrencia” del Gobierno ha sido poner encima de la mesa un borrador de protocolo de agresiones específico para Instituciones Penitenciarias, donde se confía en que las agresiones se disuelvan con más formación de los empleados públicos, "como si no fuera el Gobierno el responsable de la nula formación que hay en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al haber retirado los fondos de formación que subvencionaba el INAP", indica la nota.

Además, subrayan que el borrador de protocolo para prisiones "presenta un sesgo inquietante", al introducir en todo su texto la responsabilidad de los empleados públicos penitenciarios en las agresiones por no seguir, según dicen, los procedimientos adecuados y al basarlo en medidas técnicas de seguridad, como si la falta de personal y el nulo tratamiento de la enfermedad mental en prisiones, no fueran elementos causales de las agresiones.

Para el sindicato, además de formación, es necesario el reconocimiento expreso de autoridad para el personal penitenciario durante su servicio, defensa legal especifica en casos agresiones, programas de atención psicológica específicos para personal agredido y medidas de reinserción laboral ante agresiones especialmente graves.

Y junto a medidas básicas, concluyen que son necesarias alternativas al deterioro de la realidad penitenciaria, más personal para cubrir vacantes y envejecimiento de la plantilla, así como abordar la enfermedad mental entre las personas internas que lleva camino de convertir en psiquiátricos las prisiones, reitera FSC-CCOO.