El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tomó posesión del área deportiva de la playa de El Inglés, en cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo relativas a la concesión administrativa para la instalación y explotación del sector de actividades deportivo-náuticas en la playa.
Al lugar donde se ubicaba el sector deportivo se personaron la concejala de Contratación, Dunia Santana, y los ediles de Playas y de Policía, José Rodríguez y Francisco Peñate, respectivamente.
La concejala lamentó tener que suspender el servicio por lo que ello supone para la oferta de ocio en la playa y para los puestos de trabajo que se pierden , pero señaló que el Ayuntamiento tiene el deber de ejecutar las dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Santana afirmó que "es obligación del Ayuntamiento cumplir con los procedimientos legales, y hay dos sentencias que nos obligan al desalojo", ya que la adjudicación está vencida y el titular del servicio se encontraba de forma irregular en la playa. Por otra parte, la edil señaló que al día de hoy "no contamos con ningún título habilitante para poder nosotros adjudicar ninguna concesión en la playa, a pesar de que hace tres años que se ha pedido a Costas que se nos otorgue".
Finalmente, Dunia Santana aseguró que es intención del Ayuntamiento que la playa cuente con todos los servicios para el disfrute de los vecinos y turistas, "pero queremos hacer las cosas con todas las garantías jurídicas para que el día de mañana no se impugnen todas las decisiones que tomemos ahora".
El abogado del adjudicatario, Rafael Muñoz, explicó que se trata de un acto administrativo "que nunca hemos comprendido", porque desde hace unos 30 años se prestan servicios deportivos en las playas.
Será la primera vez en todo este tiempo en el que se verá sin este servicio y un adjudicatario sale antes de esté nombrado el siguiente.
La sentencia de 2002 que argumenta el Ayuntamiento para el desalojo "no dice que se abandone la playa, sino que se ejecute hasta donde se pueda", reiteró Muñoz.
Por este motivo, "no comprendemos como si la sentencia no dice que salgas de la playa, el Ayuntamiento haya tomado esta decisión y deje de prestar un servicio importante para el municipio, sobre todo ahora que se demanda un plan de ocio importante para esta zona".
El abogado reveló sus peticiones constantes a la alcaldesa, Mari Pino Torres, quien no estuvo presente, para que evitara la desaparición del servicio hasta que se nombrara un nuevo adjudicatario.
Como ejemplo, citó la situación de los kioscos de la playa que se encuentran en una situación de prorroga tácita porque no disponen de titulo para estar en ella.
La demarcación de costas, todos los años otorga la concesión de los servicios de temporada, sin embargo, desde hace dos años no se les da la autorización.
La defensa ha planteado distintos recursos de reposición ante el ayuntamiento y presentado medidas cautelares y provisionalísimas ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, el adjudicatario desalojado, Toribio Guillén, rompió a llorar ante la presencia de autoridades, técnicos municipales y medios de comunicación, afectado tras abandonar una zona que explotaba durante tres décadas.
"Llevaba mas de treinta años salvando vidas, me llamaba la policía a cualquier hora para colaborar en la vigilancia de la playa, y ahora estoy destrozado...una vida perdida aquí", fueron sus pocas palabras.
Al lugar donde se ubicaba el sector deportivo se personaron la concejala de Contratación, Dunia Santana, y los ediles de Playas y de Policía, José Rodríguez y Francisco Peñate, respectivamente.








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