La indolencia de la Justicia española

Que la justicia en España ha perdido toda su credibilidad es evidente, sobre todo y especialmente por la lentitud a la hora de resolver los procedimientos  que se eternizan en la enmarañada burocracia que existe dentro de la institución, lo que está generando que muchos de los imputados por corrupción sean exonerados  por prescripción de los delitos cometidos, aunque estos estén debidamente acreditados y demostrados como por ejemplo en los casos de los ERES  y los cursos de formación en Andalucía.

Los Magistrados y los Jueces raramente aplican o imponen la pena de prisión provisional, que si no han cambiado las leyes, sigue vigente esta medida cautelar. Ahora simplemente escuchan  al encartado y sobre la marcha lo ponen en libertad con cargos y en la mayoría de los casos sin estas medidas, y ni tan siquiera le retiran el pasaporte, aduciendo que no hay peligro de fuga, ni tampoco destrucción de pruebas, llegando incluso en algunos casos a decir que no existe indicio de delito, como ha hecho el Juez Santiago Pedraz con el concejal Zapata del Ayuntamiento de Madrid en tres ocasiones, cuyos comentarios en las redes sociales pudieron haber generado un problema en las relaciones diplomáticas con Israel, dada esa mención malsana, donde nombró de manera despreciativa a los judíos del holocausto.

En España existe una cantidad bastante elevada de personas que a  pesar de estar imputadas por diversos delitos de corrupción, y aún teniendo que ir a la Audiencia Nacional cada momento a declarar, siguen delinquiendo presuntamente, como es el caso de los Pujol-Ferrusola, sin embargo la justicia a corto plazo no decide sentarlos en el banquillo como sería lógico, dado que es de todos conocido los delitos que han cometidos.

Últimamente se están dando casos de sedición y alta traición, sobre todo en Cataluña, donde existiendo varias sentencias firmes del Tribunal Supremo, el Gobierno de la Generalitat hace caso omiso de las mismas y sigue con su cantinela de romper España; lo que tienen que hacer los jueces es caerle encima con todo el peso de la Ley y dejarse de tibiezas y medias tintas. Siguen actuando a su libre albedrio; ahora las Diputaciones Provinciales quieren obligar a sus funcionarios a pagarle sus impuestos a la Hacienda catalana obviando a la del Estado, pero sin embargo les pide al Gobierno central que les ingrese la parte que le corresponde del FLA que asciende a 7.000 millones de euros.

La Generalitat acredita una insolencia humillante ante el resto de España y nadie quiere cercenar este comportamiento esperpéntico que tiene que ser atajado con mano dura y sin concepciones de ningún tipo, y si fuera necesario actuar como ya se hizo en tiempos de Company y Macías; al igual que ocurrió en Asturias cuando la insurrección de los mineros en la cuenca de Avilés que fue sofocada por el ejército que se desplazo hasta allí al mando del entonces General Franco.

La relación entre la Judicatura y los cuerpos de la seguridad del Estado – policía y guardia civil –me da la sensación que no es muy fluida, ya que el nexo que debía mantenerlos unidos se fragmenta cada vez más, ya que mientras unos se juegan la vida deteniendo a los presuntos delincuentes, los otros en la mayoría de los casos dejan en libertad con cargos o sin ellos a estos sujetos; debido a estas incongruencias son muchos los agentes de ambos cuerpos que manifiestan “ mientras nosotros salimos del juzgado por una puerta, ellos salen por otra, riéndose y mofándose de todos”.

Pero lo peor estar por llegar de constituirse un gobierno a la valenciana como pretende Pablo Iglesias con la posible aquiescencia de Pedro Sánchez que ha hecho una cuestión de honor ser Presidente, algo que sería nefasto para los intereses de España dada su acreditada incompetencia política, donde imperan sus desordenadas ansias de poder, anteponiendo todo esto, a la de llevar a cabo la formación de un gobierno que genere, empleo, riqueza, prosperidad, bienestar y no ruptura social que es lo que propone con sus insinuaciones este esperpento mal llamado partido político llamado Podemos.

Los procedimientos judiciales se dilatan en el tiempo algo que no beneficia en absoluto a la credibilidad y a la  equidad jurídica en nuestro país; son muchos los casos de corrupción que están “sub judice” motivado por la atonía injustificada de los jueces, donde la polémica entre estos y los fiscales origina que la aplicación de la ley se eternice, algo que está propiciando que numerosos delitos prescriban y por lo consiguiente que estos supuestos delincuentes se vayan a sus casas de rositas sin ser sancionados como debieran.