Una consulta necesaria

Hemos llegado a un punto en el desarrollo de la democracia en el que consultar a la población se ha convertido en algo excepcional, por no decir un calvario por los condicionantes que hay para poder llevarlo a cabo. Es decir, caminamos hacia atrás. Porque, según la Constitución (y todo el desarrollo posterior de la misma a los distintos niveles de la organización social actual: Comunidades Autónomas, Cabildos y Ayuntamientos) los que ocupan cargos en los distintos órganos (Parlamento y Corporaciones Locales) son “representantes de la voluntad popular”. Pero ¿cómo saben lo que sus supuestos representados opinan sobre aspectos de la vida cotidiana y sobre aquellos otros que ni siquiera aparecen en los programas electorales (que ya casi no existen y casi nadie lee)?

No digamos nada si, además de todo ello, apelamos al discurso y a los supuestos compromisos de los que se han presentado a las elecciones de potenciar la participación ciudadana y de no dar ni un paso sin contar con la opinión de los vecinos y vecinas a los que les afectan las decisiones a tomar.

Uno de estos casos es la decisión ya tomada de instalar la nueva cárcel en la zona del Matorral para la que ya se está elaborando el proyecto desde Galicia, encargado por el Ministerio correspondiente. Hace ya algunos años que la propuesta de su ubicación ha ido recorriendo distintos municipios e islas que se han negado a que dicho centro penitenciario se instale en sus “dominios”. Este recorrido ha terminado, cómo no, en San Bartolomé de Tirajana y, ¡oh sorpresa!, en al triángulo formado por Aldea Blanca, Castillo del Romeral y Juan Grande.

Dicen algunos que son los Ayuntamientos los órganos de gobierno que más cerca están de las necesidades de la ciudadanía. Y tienen razón si nos ponemos a debatir en el plano teórico. Pero si de la práctica nos fiamos, quizás tengamos que convenir que, a pesar de lo cerca que se está físicamente, no termina de acercarse a ellos en el sentido de lo que significa respetar su capacidad y su derecho a decidir sobre todo lo que tenga que ver con sus condiciones de vida.

Por ejemplo: nadie nos ha dicho hasta el momento cuáles han sido las razones para elegir la zona del Matorral para la ubicación de la nueva cárcel. Nadie se ha molestado en hacer un proceso de información, debate y toma de decisiones con la población afectada. Y, evidentemente, ninguno de los “representantes de la voluntad popular” se ha tomado la “molestia” de consultar el parecer de dicha población sobre este asunto del que ahora no vamos a discutir sus debilidades y fortalezas. Y esto se viene a sumar a la misma ausencia en los procesos de la Central Térmica, el vertedero de basuras, el abandono de Juncalillo del Sur, la fábrica de conservas de tomate, la instalación de la machacadora de piedra, la amenaza de un posible circuito de alta velocidad en Juan Grande, la posibilidad de la ubicación de la planta de gas, etc. Parecía que tan alta concentración de propuestas para un territorio tan limitado y a las puertas de lo que ahora acapara la atención de todos nuestros representantes: la zona turística, les pondría en marcha de forma acelerada para informar, crear opinión colectiva, provocar la toma de decisiones, etc. Sólo el silencio más absoluto.

Por eso pensamos que alguien tendría que tomar la decisión de consultar a la población de San Bartolomé de Tirajana y, en especial, a la población más afectada directamente por la ubicación de la nueva cárcel, sobre una decisión ya tomada y, para ello, se debería, primero, informar adecuadamente, generar el debate ciudadano y la toma de las decisiones que se consideren necesarias.

Y esto como el camino más natural y sencillo y no como algo excepcional. Como el movimiento más lógico si hablamos del derecho a decidir sobre lo que nos afecta. No vale la excusa de que no se contó con el Ayuntamiento para ello, que lo dudamos. ¿Tampoco para el circuito de alta velocidad? ¿Tampoco para la machacadora o el vertedero de basuras?