Saavedra ha abierto un expediente de investigación sobre la atención que prestó el pasado 7 de febrero el Servicio Canario de Salud (SCS) a los 42 inmigrantes rescatados cerca de la costa de Gran Canaria, uno de los cuales falleció unas horas más tarde
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha abierto un expediente de investigación sobre la atención que prestó el pasado 7 de febrero el Servicio Canario de Salud (SCS) a los 42 inmigrantes rescatados cerca de la costa de Gran Canaria, uno de los cuales falleció unas horas más tarde.
La atención a ese grupo de inmigrantes, que estaban exhaustos y deshidratados, tras cinco días en el mar sin apenas víveres, ha provocado un cruce de reproches entre la comunidad autónoma y la Administración del Estado, después de que la Delegación del Gobierno acusara al SCS de haber puesto en peligro sus vidas al no ofrecerles una atención adecuada, algo que la Consejería de Sanidad niega.
El Diputado del Común ha decidido indagar de oficio en lo ocurrido, por lo que ha solicitado al SCS un informe sobre "cómo se desarrolló la prestación de la urgencia vital a los afectados que fueron derivados a hospitales (Doctor Negrín e Insular) y centros de salud (Maspalomas, Arguineguín y El Doctoral) y, en su caso, valorar si el alta médica que se otorgó fue precipitada y no ajustada a la situación clínica que revestía cada uno".
Saavedra explica en un comunicado que abre este expediente "por tratarse de un asunto que afecta al interés general" y con el propósito, "especialmente", de valorar "si procede revisar la actuación interna en aras de evitar situaciones similares ante un repunte de la llegada de pateras".
El Diputado del Común señala que, por la información que ha podido recabar hasta ahora, "todos los inmigrantes llegaron en mal estado" y presentaban "severas quemaduras, extrema deshidratación, así como movilidad nula en un número importante de casos, además de rotura de huesos, fiebres altas, lesiones diversas, etcétera".
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha invitado hoy al Gobierno central a poner fin a la polémica entre las dos administraciones por ese asunto y a intercambiar informaciones para mejorar los protocolos de atención a los inmigrantes que llegan en patera en malas condiciones físicas o de salud.
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