Inquilinos de las Brisas de Sardina piden al promotor que regularice el edifcio

Los vecinos afectados por el desalojo del edificio Brisas de Sardina ha mostrado su “desacuerdo total y profundo” con la decisión del Ayuntamiento de Santa Lucía, quien ha ordenado el desalojo del inmueble ilegal, en cuya azotea se almacenan 3.000 litros de combustible y un generador que abastece el suministro eléctrico.

Para los vecinos el promotor de las viviendas “tiene su responsabilidad, y en ningún momento hemos negado ese hecho”, pero el Ayuntamiento de Santa Lucía no ha velado por los intereses de sus ciudadanos, según recogen en un manifiesto difundido este fin de semana en una concentración.

En este sentido, los afectados han “presionado” al promotor para que cumpla con sus obligaciones, aseguran.

Se trata de un problema burocrático que debe solucionar el ayuntamiento y el promotor, que “se ha cargado a las espaldas de los vecinos, sin que ellos tengan culpa alguna de los hechos, creándoles una situación de desamparo habitacional e incertidumbre sobre su futuro más inmediato”.

Documentación

Por ello, instan al promotor a que ponga al día la documentación que se le solicita, y corrija los documentos lo antes posible.

Ademas, han solicitado al Ayuntamiento a que desista en responsabilizar a los vecinos bajo la amenaza de un desalojo y que busque soluciones que, beneficien a las personas afectadas del edificio lo antes posible.

Asimismo, los manifestantes han solicitado que se depure y aclare la” supuesta presencia” de un tercer interesado en el desalojo del edificio, el banco Sabadell, que hace un año intentó por vía judicial desalojar el edificio para ejecutar la hipoteca contraída con la promotora.

Sin embargo, en aquel entonces, un juez sentenció que los contratos eran legales y que los vecinos no debían abandonar el edificio.

“No entendemos que se le diga a la opinión pública que los Servicios Sociales nos han buscado viviendas del Ayuntamiento cuando el mismo no tiene capacidad alguna ese aspecto, la única solución que nos han dado es que acudamos al departamento de Vivienda del Gobierno de Canarias, al alquiler social privado donde los requisitos para ello son imposibles de cumplir; y no porque superemos sus baremos sino porque no llegamos”, explicaron.