El Ayuntamiento ordena el desalojo de un edificio ilegal con 3.000 litros de combustible en la azotea

La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González, ha informado hoy en rueda de prensa sobre la orden de desalojo del edificio ilegal, Las Brisas (en Sardina), en cuya azotea 3.000 litros de combustible abastecen el suministro eléctrico.

En su comparecencia pública estuvo acompañada por los concejales del Psoe y Canarias Decide, Julio Ojeda y Antonio Ordoñez, donde instó al promotor de la obra “a que legalice y termine los trabajos”.

El Ayuntamiento ha notificado a los inquilinos el expediente de desalojo inmediato que seguirá su trámite en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana.

“La gran mayoría de los que vivían allí han sido conscientes de la situación en la que estaban, se han ido y han buscado otra vivienda de alquiler donde vivir”, aseguró.

La alcaldesa recordó que el edificio se encuentra en obras sin acabar, y que el Ayuntamiento tiene la competencia de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Uso político

Asimismo, ha lamentado “el mal uso, o el uso político de esta situación”, que le hace un flaco favor a todas las personas que continúan en el inmueble, “alentándolos y haciéndoles coger ilusiones de que se pueden quedar allí”.

El edificio carece certificado de primera ocupación necesario para establecer los suministros de agua y electricidad.

Por ello, en la azotea del mismo se almacenan 3.000 litros de combustible y un generador eléctrico para suministrar corriente a las viviendas, mientras por otro lado, un camión cisterna repone los depósitos de agua que también están situados sobre el edificio.

El expediente se inició tras la denuncia de una inquilina que manifiestó la existencia de unas instalaciones que ponen en riesgo su seguridad, además de las molestias generadas por las vibraciones y el ruido de un motor en marcha durante todo el día.

A raíz de ello, el personal técnico municipal realizó una visita y comprobó la situación denunciada.

Parte de las familias han manifestado sentirse engañadas al ser “víctimas de un empresario que juega con su derecho a una vivienda digna ofreciendo un techo por debajo del precio de mercado, sin explicar la situación del edificio, ni las condiciones de inseguridad e insalubridad”.

Por su parte, Adargoma Ojeda, uno de los afectados que habla en nombre de algunos de sus vecinos, indicó que es cierta la responsabilidad del promotor, pero no entiende por qué el Ayuntamiento no ha actuado antes con este problema que padecen desde 2009, en las 132 viviendas que asegura se han construido.

En su opinión, la máquina y el combustible de la azotea no reviste peligro alguno, a tenor del análisis realizado por un arquitecto, subrayó.

Ojeda ha afirmado que en el edificio convivían un centenar de familias, y que ahora quedan 80, ya que la mayoría de los que abandonó el inmueble fue por “miedo o presión”.