Desviación de poder

Si no existiera la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no sé qué ocurriría con nuestras vidas. Es de pensar que si funcionara como otros tribunales, con la estudiada dejadez del TSJC en su versión penal, o como tantos que se dejan devorar por el papeleo, la desgana que produce la falta de medios y la soledad del que a nadie escucha, terminaríamos resolviendo nuestros problemas con pistolas, en plena balacera, en medio de la agitación de una violencia extrema.Hay inseguridad jurídica pero, sobre todo, lo que hay es una caterva de políticos que o son unos irresponsables en su mayoría, incapaces de percatarse de que su determinaciones generan un daño espantoso a empresarios y ciudadanos en general, o lo que hay son profesionales de la política cuya irresponsabilidad la genera su sectarismo, el desprecio que sienten por los tribunales, un estado de impunidad que los eleva por encima del bien y del mal, la epidemia de un poder dominado por consentidos. Muchas veces los daños que causan son irreparables y, sin embargo, ninguno de ellos pagará por los destrozos causados. Fijémonos en varias noticias recientes. El TSJC –sala de lo Contencioso- tumbó la semana pasada el concurso por el que se adjudicó el hospital de Meloneras a la Clínica de San Roque. La Sala entiende que en la decisión adoptada en su día por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hubo “desviación de poder” y “tergiversación de los criterios de concesión” que se habían fijado en un principio. Es decir, hubo manipulación a la carta para que la empresa de la que son socios Mario Rodríguez, Germán Suárez y Sergio Alonso, ganaran el concurso. Nos situamos en marzo de 2003, a dos meses de las elecciones autonómicas que llevarían a Adán Martín a la Presidencia del Gobierno, y con Román Rodríguez en sus últimos días de máxima autoridad en el Archipiélago. El follón se monta porque entra el insularismo por medio. Adán protege con descaro la candidatura de su amigo Pedro Luis Cobiella, que se presenta unido a la Clínica Roca, en una jugada de máxima habilidad, y Román hace exactamente lo mismo con los empresarios grancanarios llevado por su interés de arrinconar a Mauricio, por un lado, y por el otro por su deseo inconfeso de cerrarle todas las puertas que pudiera a Adán Martín, cuyas hostilidades entre ambos alcanzaba, de aquellas, el límite de la gamberrada. Román le gana la batalla a Martín porque el Ayuntamiento que concede la licencia está bajo su influencia, pero la manera de ganarla queda en entredicho por esta sentencia. Lo cierto es que los empresarios grancanarios ya se gastaron más de 40 millones de euros, y ahora, ya sin Adán en el ruedo y, por lo tanto, sin sus vetos, cuando habían resuelto con Mercedes Roldós integrarse en la red pública, llega el chaparrón que te obliga a volver al principio, a ser indemnizado por una Corporación en bancarrota, en fin, a mover la imaginación y resolver el entuerto poniendo de acuerdo a todas las partes en conflicto. No hablo de piedad ni de conmiseración; hablo de un estado de derecho que permanentemente se cuestiona por parte de aquellos que debieran ser sus máximos defensores. A los empresarios citados ya se les prometió en su momento por parte del poder político que estuvieran tranquilos: que se presentaran al concurso, que lo ganarían, y que luego firmarían los correspondientes conciertos con el Ejecutivo. Se ve, como en tantos otros casos, que las promesas valen nada cuando las hace un político que cae en desgracia. Al igual que ocurrió en el gas, con documento firmado incluso por todas las partes, Adán Martín pasó por completo de los compromisos adquiridos por su antecesor, aunque fueran de la misma formación política. Los ciudadanos, sobre todo los del Sureste de Gran Canaria, que precisan un hospital en la zona, o la Canarias que pretende progresar al mismo ritmo del resto del mundo, se aguantan y pierden sus oportunidades porque sus políticos se pelean entre sí, y esa pelea, el ardor que en ella ponen, la demostración ante la manada de que ellos poseen más fortaleza que otros, es más importante que cualquier circunstancia. El caso Eólico es otro ejemplo útil, por cierto, frenado por graves irregularidades cometidas por la Administración autonómica en el concurso. El freno, por supuesto, lo impuso la Sala de lo Contencioso. Este Gobierno que tanto levanta la voz contra Madrid, acusándole de falta de afecto, de distanciamiento sin excusas, y de potenciar las plagas de Egipto contra nuestra comunidad, no mira bien el terreno que pisa. Con situaciones como las propiciadas tras la sentencia de la clínica de Meloneras, la variante de Bañaderos –por dos veces destrozada por la justicia, empeñados los políticos de turno por hacerla pasar por las plataneras de un particular- , el caso Eólico, el gas, y varios etcéteras, la clase dirigente pierde prestigio, pierde empresarios que inviertan dinero en sus proyectos, se pierde en la miseria intelectual de procurar comportarse en democracia como si fueran vulgares dictadores. Por fortuna, disponemos de tribunales, con carácter y con sentido del deber, que tutelan los intereses públicos tan bien o mejor que el propio Ejecutivo.