¿Qué fue del pacto por la educación?

Las movilizaciones del profesorado, iniciadas en la legislatura anterior y que aún continúan, en pro del derecho que les asiste a ser renumerados igual que otros funcionarios de su mismo nivel y que han sido corroborados por la justicia, vine a poner en tela de juicio la desfachatez de nuestro gobierno regional al afirmar por boca de nuestro presidente y ante los vecinos de Hoya Pozuelo “nosotros somos respetuosos con las sentencias judiciales y las casas han de derribarse”, mientras se oponen al acatamiento de la sentencia judicial en firme que da la razón a los sindicatos en su reivindicación sobre la homologación.

Esta situación ha puesto a la Consejería de Educación entre la espada y la pared. Si las palabras antes mencionadas de Paulino Rivero suenan a risa no menos son las de la Consejera de Educación “no hay dinero”, “la economía canaria estaría en quiebra”, “no negocio con presiones”, “estoy dispuesta a hablar pero a cambio los profesores deben… para mejorar la calidad educativa” y la última “doy de plazo hasta la fecha en que se cierren los presupuestos”.

Prefiero no seguir calificando estas afirmaciones del “gobierno para los ciudadanos”, que así se hacen llamar nuestros actuales gobernantes, y quisiera reflexionar sobre la caja de Pandora que ha abierto el gobierno de Canarias.

En primer lugar cuando hablan de mejorar la calidad de la enseñanza. Significa esto que ¿ha fracasado el Pacto por la Educación? Recuerdo que el Pacto se negoció con todos los agentes sociales, inclusive el profesorado que nunca reivindicó mejoras salariales para llegar a un acuerdo. Desde entonces el gobierno siempre alzó pecho para decir que nunca ha habido tanta paz en el sector educativo y que miles de profesores se actualizan y llevan a cabo proyectos educativos en sus centros. Ahora se nos pide y no me opongo a ello porque ya lo venimos haciendo, cursos de formación y actualización. ¿Es que quieren más o es que los cursos que se organizaron no aportaban nada a la calidad educativa?

Segundo, si queremos hablar de calidad. Pregunto ¿se puede trabajar la atención personalizada en clases de 30 alumnos donde podemos encontrarnos con inmigrantes, que no saben nada de nuestra lengua y a quienes la Consejería ni les envía personal de apoyo, alumnos con retraso escolar, hipoacúsicos, se supone que en un aula con este tipo de alumnos debe ser más reducida pero no siempre se cumple, o repetidores que esperan la “jubilación” al cumplir los 16 años…

Tercero, ¿Quiénes son los responsables? Somos muy dados a ver la paja en el ojo ajeno y a exigir responsabilidades pero primero debemos estar dispuestos a serlos nosotros.

Y por último. Supongamos que el profesorado vuelve a las aulas y abandona su reivindicación. Las palabras de la Consejera de educación de hablar al mismo tiempo de la mejora de la calidad educativa caerán en el vacío, pero es ella quien al poner este tema delicado sobre la mesa reconoce el fracaso de las políticas educativas de su gobierno. ¿Dejará de hablar de calidad educativa y todo seguirá igual, qué pensaran los agentes sociales y los propios padres y madres si todo vuelve a la normalidad?

A lo mejor el profesorado debe dar la vuelta a la tortilla y dejar la huelga a ver si el gobierno de Canarias, preocupado, quiere seguir hablando y es entonces cuando le debamos de decir sí pero cuando ejecutes la sentencia judicial y abones la totalidad de la deuda con estos profesionales y ciudadanos que pagan sus impuestos.

Sería interesante ver hasta donde le preocupa al gobierno de CC y PP la educación en Canarias, saber quien maltrata a quien.

Por de pronto el profesorado va a seguir trabajando como profesionales, haciendo de padres y madres, de psicólogos, mediadores familiares, trabajador social y jugándose el pellejo en cada salida extraescolar, mientras la Consejera ha puesto a “los pies de los caballos” a sus antecesores y reconociendo “ipso facto” que la gestión educativa es un fracaso y lo mismo el Pacto por la Educación.

Espero que al menos sean un poco serios y quiten este logo en las comunicaciones oficiales.

Juan M. Betancor León