Cambiar la fiscalidad para mejorar los servicios públicos

La mayoría de la sociedad aspira a contar con una mejor atención sanitaria, con un sistema educativo de calidad, que contribuya a la igualdad de oportunidades, o con una aplicación de la ley de la dependencia que posibilite atender adecuadamente a enfermos crónicos, mayores y personas con discapacidad. También queremos modernas infraestructuras, mejores transportes, carreteras, puertos y aeropuertos, así como más seguridad.

Para alcanzar esos objetivos las administraciones públicas deben tener recursos suficientes que han de ser gestionados con la mayor eficiencia y transparencia. Y para poder disponer de esos recursos es imprescindible contar con un adecuado, justo y progresivo sistema fiscal.

En Canarias y en España tenemos algunos problemas graves en este ámbito, desde la economía sumergida al desigual e injusto reparto de las cargas fiscales, pasando por la evasión fiscal.

Respecto a la elevada economía sumergida, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), alcanzaría un 24,6% del Producto Interior Bruto (PIB) en el Estado y, en Canarias, el 28%, lo que supone más de 11.500 millones de euros anuales.

Para luchar de manera efectiva contra la economía sumergida –que en España duplica ampliamente el 12% de media de la Unión Europea- y los distintos tipos de fraude fiscal, es preciso incrementar los efectivos destinados a esta tarea en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Agencia Tributaria Canaria, hoy claramente insuficientes. Junto a una mayor y mejor coordinación entre ambas agencias y la inspección de la Seguridad Social y la autoridad en materia laboral.

Recursos públicos

En Canarias, si bajáramos diez puntos, del 28% al 18%, recaudaríamos hasta 2.000 millones de euros anuales (sumando los que recibirían las haciendas públicas, unos 1.500, y la Seguridad Social, en torno a 500), aliviando mucho la grave situación financiera que padecen las administraciones.

Posibilitaría, asimismo, regularizar la situación de trabajadores que hoy no cotizan, garantizando su derecho a prestaciones por desempleo y sus pensiones. Además de contribuir a que las empresas compitan en condiciones de igualdad, evitando que algunas, como sucede actualmente, lo hagan con tramposa deslealtad hacia las demás.

En el programa con el que concurrimos a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre en la coalición PSOE-NC se apunta, igualmente, que el Estado español debe liderar internacionalmente una agenda ambiciosa para alcanzar mayor transparencia en la fiscalidad, con la intención “de acabar con el fraude y la evasión fiscal, así como con los paraísos fiscales”.