El problema de España

El problema que para España se ha presentado en Cataluña por quienes pretenden separarse del resto de los españoles, ha tenido hasta ahora una respuesta tibia y poco contundente por parte del gobierno que ha apelado siempre, como único recurso y argumento al cumplimiento de la ley. Este escudarse en el cumplimiento de las leyes, presentar recursos o alegaciones no ha impedido que los independentistas se hayan saltado resoluciones de los tribunales de justicia, incluido el Supremo.

Este grave problema al que se enfrenta la democracia española no se puede dejar sólo en manos de los abogados del Estado. Ni tampoco puede el gobierno tratar de delegar en el Tribunal Constitucional las posibles consecuencias de la desobediencia a los requerimientos que se les hagan a las autoridades catalanas desde esa misma instancia. Es un error pensar que la realidad queda conformada por el derecho.

Hay que utilizar todos los medios que ofrece la Constitución incluido el artículo 155 si fuera necesario; pero, sobre todo, hay que utilizar la política. El bloque de partidos que defienden la Constitución es lo suficientemente fuerte como para mandar un mensaje contundente a los secesionistas de que tienen enfrente a la mayoría de los catalanes y a la inmensa mayoría de los españoles.

Lo que Mas y la CUP plantean no es sólo una rebelión contra el gobierno y, más concretamente contra el PP, esto no es una pelea entre los independentista y el partido del gobierno, esto es una rebelión contra el Estado, la soberanía nacional y las fuerzas políticas que quedan fuera del reducido círculo del separatismo. Por tanto no hay que ser meros espectadores para ver si esta rebelión desgasta al gobierno, no hay que utilizarla en clave electoral para sacar rédito el próximo mes de Diciembre.

Aunque la reacción del presidente del Gobierno a la resolución de ruptura e independencia de dos grupos parlamentarios catalanes haya sido tardía, no se puede perder un segundo más en discusiones absurdas sino unir voluntades con un talante de Estado que contrarreste  este intento de golpe insurreccional contra el Estatuto y la Constitución que están protagonizando Mas y sus socios.

Antes de que sea aprobada la iniciativa de Junts Pel Sí y la CUP en el Parlament, habría que firmarse una declaración inequívoca, por parte del mayor número de grupos políticos posible, contra sus pretensiones, en defensa de la legalidad y en apoyo de los instrumentos que el gobierno emplee para garantizarla. 

Mas sabe que esa propuesta es abiertamente subversiva, porque atenta contra la regulación de la reforma del Estatuto y contra la integridad territorial que proclama la Constitución. Sabe, además, que es ilegítima porque el mandato que su coalición recibió de las urnas daría para defender sus posiciones desde el ordenamiento, pero nunca para imponerlas desde la ruptura de la legalidad.

Es consciente, además, de que jamás Europa ni el mundo tomarán en serio una proclama que reniega del orden, incita a la desobediencia a la ley y a los tribunales y ni siquiera pretende pactar con España y el conjunto de la UE, sino dar por buenos los hechos consumados contra más de la mitad de los ciudadanos catalanes. Se ha convertido en sirviente de los antisistema, en un factor de caos, en un creador de incertidumbre, y no de expectativas racionales de mejora. Seguramente es consciente de todo ello pero tiene que jugarse el todo por el todo para intentar escapar de una situación judicial que no pinta nada bien parra él como persona y como político.

El mejor antídoto contra el reto soberanista de Mas y la CUP en Cataluña sería una declaración en defensa de la unidad de España firmada por el presidente del gobierno, el líder de la oposición y la mayoría de los grupos políticos. En todo caso, el PP, el PSOE y Ciudadanos son necesarios y más que suficientes para avalar un compromiso firme en defensa de la legalidad frente a esta especie de golpe de estado que se prepara desde la Generalitat. Para ello sería necesario dejar a un lado los protagonismos para pensar que este es un problema de Estado que hay que resolver en equipo.

Si ese antídoto no fuera posible, habría que aplicar a esta situación todo el peso de la Ley para poner las cosas en su sitio de una vez por todas caiga quien caiga, porque ya está bien de paños calientes con estas minorías desestabilizadoras que quieren romper algo que nos pertenece a todos los españoles.