Imputado si, reo no

Opinión: L. Santana Expósito.- Es de agradecer los tantos comentarios que ha recibido mi artículo de hace unos días, titulado, La irreverencia de un pueblo, y mi agradecimiento es sinceramente por lo mucho que he aprendido de los mismos, los cuales he analizado con bastante interés observando que los ciudadanos de Mogán están bastante divididos, a la hora de emitir una opinión consecuente con relación a todo este affaire, en el que presuntamente parece implicado su alcalde Francisco González. La acritud que se observa en algunos de ellos, revela la rabia incontenida que define el malestar de quienes lo emiten, posiblemente con razón, otros por el contrario son menos críticos eludiendo hablar del tema y si lo hacen no se muestran tan “cabreados”. Yo me tildo de ser un mero informador no defensor ni paladín de nadie. No obstante he estudiado el caso Góndola, y sinceramente quiero decirles que la involución de Francisco González en el mismo no está todo lo claro que debería estar, se que está imputado en muchos posibles delitos, como podrían ser, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, recalificación de terrenos, malversación, etc., pero de momento la comisión de tales delitos no han sido probados jurídicamente, de ser así estaría en prisión e inhabilitado para todo cargo público, y en consecuencia no hubiera podido ser candidato y por consiguiente alcalde del pueblo de Mogán. Yo me hago la siguiente pregunta ¿ha habido permisibilidad por parte de la Justicia en este caso en concreto), pienso que si, en cuyo caso esta sería la única responsable en todo este gatuperio, y no el imputado. Ahora bien la cosa podría tener una segunda lectura, como es la que los jueces y fiscales, en su momento no tuvieran las pruebas suficientes para sentar a Francisco González en el banquillo de los acusados y declararle “reo” –Derecho procesal; Persona acusada de la comisión de un delito o condenado penalmente por la misma en sentencia judicial firme-. Al no haberse celebrado juicio alguno todo queda en una imputación, la cual deberá ser enjuiciada por el juzgado competente, y a tenor de las pruebas que se aporten escritas y verbales sancionar a las penas que procedan o por el contrario declarar nulas todas las actuaciones procesales, librando el “auto” –Derecho procesal; Resolución judicial que decide la cuestiones sobrevenidas en un proceso que han de ser resueltas antes de dictarse la sentencia (como por ejemplo la competencia del órgano judicial, la recusación, la inadmisión de la demanda o de las pruebas solicitada, etc.) o cualquier otro incidente cuya resolución no proceda en forma de sentencia-, declarando en este caso al imputado libre de todas las acusaciones que sobre él se hayan vertido. Mientras no exista el dictamen judicial en un sentido u otro, Francisco González, es un ciudadano normal, que libremente puede ejercer las funciones que crea conveniente a pesar de las imputaciones y los desagravios que sus vecinos viertan sobre él, que serán verdad o no, ya que quien tiene que acreditar los delitos de que se le acusa es la justicia y de momento no lo ha hecho. Decir no obstante, que posiblemente los moganeros tengan razón en todo lo relacionado con este acoso a que tienen sometido a su alcalde, creyéndole un posible corrupto, como consecuencia de las denuncias de dos señoras, que analizadas con total rigurosidad son bastante dubitables, puesto que anteponen a la verdad de las mismas un litigio de partidos donde al parecer ambas salieron mal paradas, y en venganza de cuanto ocurrió se han dedicado a propagar en los círculos políticos cuestiones que no tengan ningún viso de realidad. Quiero dejar bien claro, que cuanto expongo en este trabajo periodístico no tiene desde mi punto de vista, desacreditar la opinión que pueda tener el pueblo de Mogán sobre su alcalde y mucho menos invalidar su demostrada irritación hacía su persona, cosa que sinceramente ni me va ni me viene, solo se trata de un artículo de opinión que puede ser perfectamente rebatido. Al fin y al cabo cada uno es dueño de su persona y en consecuencia responsable de sus actos, lo que significa que la realidad o no de cuanto se dice será la justicia quien diga la última palabra.