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turismo viviendas

El Cabildo recomienda alegar a los afectados por la ley de renovación

EFE
Lunes, 24 de Agosto de 2015
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La consejera de Turismo ha asegurado que en este asunto existe mucha "desinformación", por lo que ha recomendado a los posibles afectados a que consulten la memoria del PGO de San Bartolomé

 El Cabildo de Gran Canaria ha recomendado hoy a los afectados por la aplicación que haga el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana del reglamento de la Ley de Renovación Turística de Canarias en su plan general de ordenación (PGO) que presenten las alegaciones oportunas.

La consejera de Turismo de la corporación insular, Inés Jiménez (NC), ha aludido a la alarma que el desarrollo de esta norma regional ha generado entre miles de titulares de apartamentos y bungalós del sur de la isla, después de que San Bartolomé También Puede haya alertado de que el nuevo PGO prohibirá, en aplicación de este reglamento, el uso residencial legal de la mayoría de las propiedades que se ubiquen en zonas turísticas.

Jiménez ha dicho a Efe que se ha reunido con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP), para abordar esta cuestión, sobre la que ha asegurado que el regidor le transmitió "tranquilidad".

El propio Pérez garantizó a Efe el pasado 19 de agosto que el nuevo (PGO) del municipio, que estará hasta el 25 de septiembre en exposición pública, no prevé cambios de uso en las zonas turísticas, cuyo "statu quo seguirá inalterable, como lo ha estado en los últimos 50 años".

Para Jiménez, en este asunto existe mucha "desinformación", por lo que ha recomendado a los posibles afectados a que consulten la memoria del PGO, que se expone en el Ayuntamiento, para que puedan presentar en plazo las alegaciones que consideren pertinentes.

Como ya ha advertido a Efe el presidente de la patronal de extrahoteleros y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Tom Smulders, Inés Jiménez ha subrayado la necesidad de controlar la explotación ilegal de apartamentos y bungalós que se hace en las zonas turísticas de la isla, una actividad que detrae ingresos a las arcas públicas y con la que, a su juicio, sus promotores deberían contribuir a la renovación de los establecimientos donde se realiza. 

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