Oficinas de intermediación

Cuando se oye que el Gobierno de Canarias va a crear oficinas de intermediación, un sobresalto recorre el estado de derecho, como antaño el fantasma de comunismo decían que recorría Europa para salvar a la famélica legión, sin saber si se trataba de un ectoplasma, de un pretencioso político en busca del demagógico y populista voto, valga la redundancia, o de algo delictivo, presuntamente.

Desde que empezó a hablar de rescate ciudadano la neocasta desaliñada, vestida y peinada informalmente diría mi peluquero hoy rebautizado como coaching estilista, y sobre todo desde que ocupa cargos públicos remunerados como broma electoral sarcástica, todos los partidos se han lanzado a la loca carrera de buscar pobres y desahuciados por doquier.  Doña Carmena, salvando a un cuarto de la población de España de la desnutrición con la que confundió la malnutrición, si es que la confundió realmente ella o los que le mueven sus hilos.  Colau y el Kichi, buscando parar desahucios que, para su fotográfico disgusto, no eran bancarios sino instados por personas mayores, legítimos propietarios a los que los inquilinos no les pagaban las rentas de las que aquellos vivían.

Pedro Sánchez, el cabecilla del desnortado PSOE de Zapatero para horror de los socialistas pata negra de toda la vida, aparece ahora como nuevo alumno de Pablo Iglesias, no se puede decir que aventajado aunque persiga descaradamente las ventajas sectarias electorales del populismo en versión caribeña, propone ahora un sucedáneo del rescate ciudadano podemista que era la renta básica, pero en versión Sánchez 3.0 llamándole “ingreso mínimo vital”.  Puro Lampedusa.

El periodista Pablo Molina escribe en LD un lúcido y simpático artículo titulado “Por favor, no me rescaten más”.  No me resisto a transcribir el primer párrafo, “cuando un político dice que se va a encargar de resolver tus problemas lo único sensato que cabe es huir lo más lejos posible. Si el aspirante a redentor es de izquierdas entonces, además, hay que poner la cartera a buen recaudo, porque en tal caso el coste del rescate excede con mucho el presunto beneficio que se iba a recibir; y eso en el caso de que se obtenga alguno, que no siempre ocurre así”.

Es en este ambiente electoral donde hay una especie de subasta de los partidos para ver quién ofrece más, aunque sepan muy bien que eso que venden como avanzado progresismo no es más que puro humo para cegar los ojos de los votantes, el Gobierno de Canarias propone la creación de una oficina de intermediación para evitar los desahucios.  Román Rodríguez se suma al carro, pues no en vano dice que es una de las áreas “más trabajadas” por NC en estos últimos cuatro años y por eso propone que la oficina se coordine con los cabildos y los ayuntamientos para “unificar criterios, esfuerzos y presupuestos”.  Para los sufridos contribuyentes de esa frase les centellea la palabra “presupuestos”, que traducido a la lógica partidista significa pastelear cuantos cargos, con carné en la boca, toca por fuerza política habrá que pagar y a los que habrá que dotar de espacios y personal laboral para que estén por allí y lo agradezcan después en forma de retorno en votos.

A mi entender, la creación de esas oficinas de intermediación, ¡vaya nombrecito han venido a elegir en estos tiempos de corruptelas!, está entre la dilapidación del erario y el ninguneo ofensivo al costoso trabajo previo de los jueces.  Éstos, basándose en el sistema legal, dictan sentencias y no parece de recibo que unas zarpas políticas entren en escena buscando la foto periodística.  Cuando se llega a un desahucio es porque ya se han agotado todas las vías previas de intermediación posible entre el moroso y el legítimo propietario. Tras meses o años de intermediaciones entre deudor y acreedor, que puede ser un banco o no, de actuaciones judiciales, sentencias y ordenes de ejecución de las mismas, se habrá dicho y alegado todo lo que había que decirse y alegarse y ya habrán intermediado todo lo intermediable.  Sobra pues añadir oportunistas manipulaciones políticas.