Aprobado el Plan de Empleo 2015, que asigna 4,5 millones de euros a Canarias

 El Gobierno ha aprobado hoy el Plan Anual
de Políticas de Empleo para 2015 por el que se distribuirán 1.543
millones de euros entre las comunidades autónomas, de ellos 4,5 para
Canarias, un importe global del que ya se han adelantado 51,5
millones de euros para ayuda a la reinserción laboral de los parados
de larga duración.

       En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que el Plan Anual de
Políticas de Empleo 2015, aprobado por unanimidad en la última
conferencia sectorial, contiene las políticas de activación que
llevarán a cabo los servicios públicos autonómicos y el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) durante este año.

       Un total de 129 de los 1.543 millones se destinarán
específicamente al programa de activación para el empleo, que
proporciona una ayuda de 426 euros a cada parado de larga duración
con cargas familiares y sin ingresos.

       De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy adelantar el
reparto de un 40 % de esa cuantía (51,5 millones), mientras que el
60 % restante (77,3 millones) se distribuirá una vez que se evalúe
el grado de inserción desde que se puso en marcha el programa y
hasta el próximo 31 de julio.

       La comunidad autónoma que recibirá la mayor parte de estos 51,5
millones es Andalucía (14,6 millones), seguida de Comunidad
Valenciana, Cataluña y Canarias.

       Según un comunicado del Ministerio de Empleo, en los primeros
seis meses de funcionamiento se han recibido 103.146 solicitudes de
de parados de larga duración, de las que ya están siendo atendidas
un 70 %, gracias al crédito extraordinario de 850 millones aprobado
en febrero para abonar las ayudas.
   
         La partida extraordinaria aprobada hoy busca que las comunidades
autónomas puedan tutorizar la búsqueda de un puesto de trabajo a
cada desempleado adscrito al programa, que recibirán atención "muy
personalizada", ya que se prevé que cada tutor atienda a 120
personas, según Báñez.

       El plan de activación para el empleo nació del compromiso
adquirido hace un año entre el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y los agentes sociales para la búsqueda de una solución a los
desempleados de larga duración, mayores de 45 años, con cargas
familiares y sin ingresos.

       Así, se aprobó repartir una ayuda de 426 euros mensuales durante
seis meses acompañada por acciones de inserción y compatible con un
trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial y de duración
indefinida o temporal.
   
          El Plan Anual de Políticas de Empleo aprobado hoy fija como cinco
objetivos estratégicos la apuesta por el empleo de los jóvenes, por
el de colectivos vulnerables como los mayores de 45 años, la mejora
de la formación profesional, el refuerzo de la vinculación entre
políticas activas y pasivas y el impulso del emprendimiento.
   
         Del presupuesto total del plan, que asciende a 4.788 millones de
euros -aportados en su totalidad por el Estado-, se distribuirán
entre las comunidades autónomas 1.543 millones (un 17 % más que en
2014).

       El 60 % de ese importe se entregará este año en función de la
consecución de los citados objetivos estratégicos, mientras que de
cara al año que viene la tasa se incrementa al 70 %.

        Entre las novedades del plan, destaca la consolidación de la
financiación para la colaboración de las agencias de colocación, el
incremento de la dotación para los programas y servicios de
orientación para el empleo y para la modernización de los servicios
públicos de empleo.

       Las críticas tras la aprobación de este Plan no se han hecho
esperar y el portavoz de Empleo del grupo socialista del Congreso,
Rafael Simancas, ha denunciado que el presupuesto para políticas
activas se haya reducido en 2.700 millones de euros respecto a 2011.

       UGT ha criticado que el plan no parta de un "análisis real" del
mercado laboral, al tiempo que ha señalado que su financiación es
"insuficiente" y no se corresponde con las políticas activas
previstas en los presupuestos generales del Estado.