El Cabildo de Gran Canaria establece medidas para combatir el acoso laboral

El Cabildo de Gran Canaria se ha sumado hoy a las administraciones canarias que ya disponen de un protocolo para luchar contra el acoso laboral que se pueda producir entre los empleados públicas, sea cual sea su jerarquía, así como entre trabajadores y políticos.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), y el responsable de prevención laboral en la corporación, Manuel Morales, han explicado que el protocolo permitirá definir las situaciones de acoso y controlar de manera adecuada los supuestos casos que se puedan producir.

Con este documento, el Cabildo se compromete además de manera formal a rechazar toda conducta de acoso laboral, sin atender a quién sea la víctima o el acosador ni su rango jerárquico, y a establecer una cultura organizativa con normas y valores para combatir estas situaciones.

Así, el Cabildo no admitirá ningún tipo de acción, conducta o comentario degradante u ofensivo que pueda causar en el receptor un sentimiento de amenaza, humillación o intimidación, y, de producirse, podrá considerarla una infracción disciplinaria.

El Cabildo también se compromete a la adopción de medidas correctoras y de protección a las víctimas.

Bravo de Laguna ha indicado que el documento suscrito hoy permite profundizar en las garantías de los trabajadores, mientras que Morales ha agradecido el esfuerzo efectuado por el gobierno de la corporación, pues ha dicho que el acoso laboral supone de uno de los riesgos psicosociales más importantes en la administración pública.

Morales ha señalado que las denuncias por acoso laboral son difíciles de demostrar y, con este protocolo, se podrán controlar más.

Así mismo, ha indicado que en esta legislatura en el Cabildo no se ha producido ningún caso de acoso laboral de un político a un funcionario y que los supuestos casos ocurridos entre los funcionarios "se han quedado" en los servicios de prevención y en los órganos de representación de los trabajadores.

Tras el protocolo suscrito hoy, el Cabildo emprenderá acciones concretas como la organización de actividades formativas específicas, sesiones de información a los empleados públicos, definirá conductas "obligatorias" y "prohibidas" y creará un comité asesor para la participación en los casos que se puedan dar y que contará con un técnico especialista en el área de psicología laboral.