Santa Lucía condena la agresión del Gobierno español contra la acción pacífica de Greenpeace

El pleno de la Corporación de Santa Lucía celebrado este jueves ha mostrado su rechazo y condena a la actuación del Gobierno de España y de la Armada Española contra Greenpeace “para defender los intereses de la multinacional Repsol”.

El concejal Raúl de Pablo, encargado de defender esta moción presentada por el grupo de Gobierno de Santa Lucía de Nueva Canarias, ha manifestado que “este documento nace de la ciudadanía y de lo colectivos representados en la Asamblea de Santa Lucía contra las Prospecciones Petrolíferas, que conforman una veintena de colectivos vecinales y socioculturales del municipio”. La moción fue aprobada por 17 votos a favor y los seis en contra del Partido Popular.

El manifiesto señala que “en la propia filosofía de Greenpeace se establece que sus acciones se realizan de forma pacífica, y su único objetivo es proteger la biodiversidad en todas sus formas; prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las tierras, el aire y el agua dulce; terminar con las amenazas nucleares y promover la paz, el desarme mundial y la no violencia”.

El documento recoge que “nos tememos que la criminalización de las protestas pacíficas pase a normalizarse en manos de una ley apodada ‘mordaza’ por los distintos colectivos sociales y la propia ciudadanía, y es que la propia palabra con la que se describe en la calle hace referencia a la prioridad con que nace por evitar la movilización y actos de protesta de la sociedad civil por el descontento social”.

La Corporación municipal de Santa Lucía ha acordado solicitar al Gobierno del Estado “que actúe en consecuencia por unas acciones que pusieron en peligro la vida de varios civiles tras una actuación absolutamente desproporcionada ante esta manifestación pacífica a cargo de los activistas de Greenpeace”.

También insta al Gobierno de Canarias “para que inicie cuantas medidas legales fueran oportunas en defensa del derecho a la manifestación pacífica, que denuncie al Gobierno del Estado español por su campaña desmesurada utilizando medios públicos para blindar los intereses de una empresa multinacional petrolera, y que promueva medidas que sirvan para que el Gobierno nacional no vuelva a utilizar las fuerzas del Estado para agredir a pacíficos manifestantes ya que, entre otras cuestiones, Canarias es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y no se puede permitir estos hechos denigrantes conocidos ya en todo el planeta.”

La moción finaliza con una llamada “a la ciudadanía del municipio en particular y a la sociedad canaria en general, a través de los foros de participación ciudadana, a que recabe la información completa sobre las posibilidades de aprovechamiento de las energías renovables frente a la dependencia única de las energías fósiles, y a no permitir atropellos ni criminalización contra el derecho de protesta pacífica”.