De soberanías y de compartir

Paulino Rivero, el actual presidente del Gobierno autónomo de Canarias, ha escrito, recientemente, un artículo de opinión –titulado, Soberanías compartidas- donde expresa su visión sobre “la necesidad de revisar la arquitectura constitucional e institucional del Estado” para que se reconozca y respete el “hecho diferencial” de Canarias, “el pueblo con mayores especificidades del Estado”. Haciendo referencia a su colega, el lehendakari Íñigo Urkullu, pone en valor su propuesta de un modelo de Estado de “soberanía compartida” que haga “real una verdadera democracia plurinacional”. Esta es una visión que sería proclive a establecer una confederación estatal de naciones soberanas. La otra fórmula que considera posible para conseguir un nuevo estatus para Canarias, como Archipiélago atlántico, “se encuentra en la figura de territorio dotado de plena autonomía interna (…) en el que la Administración del Estado en Canarias se limite a las Fuerzas Armadas”. Proposición que, en principio, no haría necesaria la previa declaración de independencia y que se comparece más con un modelo de Estado federal.

El tema está de plena actualidad, entre otros motivos, por los recientes sucesos en Cataluña, y no es un asunto menor, pues se trata -en palabras de Ribero- de “las aspiraciones, inquietudes y demandas de la ciudadanía y de los pueblos que conforman el Estado.”. De hecho, el gobernante autonómico no duda en denunciar que el interés general canario está siendo “claramente golpeado por políticas injustas e insolidarias.”. Por las que llegan de parte del Estado central, no de las del propio gobierno que él preside. De ahí la insoslayable reivindicación de soberanía que hace.

Razón, en parte, no le falta a este político en la fase final de su mandato: la Comunidad Canaria -al menos, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que la encarnan- adolece de múltiples servicios y condiciones, precisos para el aseguramiento de las  necesidades de dignidad y de acomodo de su ciudadanía. Y esta es una situación que se perpetúa, al menos, desde que el archipiélago fue conquistado para España por la Corona de Castilla. Ni como colonia, ni como territorio de ultramar, ni como provincia española, ni como Comunidad Autónoma, y territorio ultraperiférico europeo, les ha ido muy bien a la generalidad de los habitantes de Canarias. Desde luego, por causa de la subordinación a poderes exteriores. Pero, indudablemente, también, debido a la opresión e insolidaridad “desde dentro”, de los poderes internos sobre el conjunto de la población. Entonces y ahora, aquí y en (casi) todas partes.

Esa es la miopía de las ideologías nacionalistas: cultivan el imaginario de un pueblo, pretendidamente único en su cultura y en armonía, que le viene de su conformación primigenia o que alcanzará cuando pueda ser liberado a su virtuoso desenvolvimiento; focalizan al enemigo de su bienestar en “el extranjero” y a las causas de todos sus males en “el exterior”; y se lo juegan todo a subir en la jerarquía del soberanismo, a erradicar la subordinación externa, como bálsamo milagroso que asegurará la justicia y solidaridad inherente a la condición fraterna de las comunidades nacionales.

La soberanía es una característica asociada al Estado, a la institucionalización político-geográfica de una comunidad y un territorio. Y ese Leviatán que, con mano dura, subordina a los seres humanos que organiza, está muy lejos, aún hoy, de ser visionario, omnipotente o justo. Es un estado de autonomía solidaria, entre iguales en dignidad, lo que, en todos los órdenes, se comparece mucho mejor con lo que precisamos la gran mayoría de la gente. Y de los Estados, en todo lugar.