La nueva ordenanza del taxi (y 2)

Hace años la elección y la presentación pública de los uniformes en las empresas importantes en España y en el mundo, causaba una cierta expectación y marcaban durante una temporada el prestigio y diferenciación en lo que imagen de marca o servicio se refería.  Era el caso, por citar algunos ejemplos como recordatorio, de Iberia LAE, El Corte Inglés o la competidora por aquellos años, Galerías Preciados.  Los ayuntamientos también presentan ahora con especial entusiasmo los cambios en la vestimenta de la Policía Municipal, lo mismo que hacían los Ejércitos al variar sus uniformes, “ropita de batalla” diría el fallecido Robin Williams en “Good Morning, Vietnam”, aunque aquí con un mayor énfasis funcional y de permanencia que en los casos anteriores.

Si la cuestión de la pertinencia de la uniformidad es cosa que admite pocas discusiones, aunque pudiera haber un considerable número de opiniones en lo que respecta a la elección de las prendas, hay otros aspectos en la nueva Ordenanza del Servicio Urbano de Taxi de LPGC, que requieren algo más de perspectiva y explicación del porqué de su ya ahora inexcusable necesidad.  

Según han anunciado al menos tres asociaciones de taxistas, presentarán recurso contencioso-administrativo contra algunos artículos de la normativa municipal, como los que hacen referencia  a la obligatoriedad del GPS y del datáfono para permitir el pago del servicio con tarjeta, además de la  cuestión del uniforme, asuntos en los que a juicio de ellos no debiera entrar la nueva Ordenanza.

Con respecto a la instalación obligatoria del GPS, sorprende la oposición a que los vehículos lo equipen, cuando es una cuestión que puede beneficiar a taxistas y clientes por varios motivos. El primero y principal, a mi entender, es la contribución a la seguridad de las personas, máxime si preceptivamente “deberán estar conectados a una central de radioteléfono o de alarmas, así como a la unidad de control y seguimiento que el Ayuntamiento cree a tal efecto (CEMELPA)”, Centro Municipal de Emergencia y Seguridad de LPGC, y disponer además de un “pulsador de atraco o de pánico que permita alertar de un incidente de forma silenciosa”, según se dice en el artículo 21 de la Ordenanza.  Salvo que los propietarios de las licencias intenten conseguir una subvención para su financiación, como ya sucedió cuando se hablaba de la posible instalación de mamparas, ¿a qué se oponen realmente cuando hablan del GPS?  ¿Es sólo a que la seguridad sea discrecional?

Aunque una ordenanza sólo puede ser de obligado cumplimiento en el municipio que la aprueba, esta cuestión tal vez debería ser una competencia del Cabildo, que prestara este servicio de seguridad y localización a toda Gran Canaria, a sus 21 municipios, no sólo a la capital. Además de una cuestión de racionalidad, también lo es por el ahorro de instalaciones y gastos al no multiplicar innecesariamente los medios técnicos y el personal adscrito a su gestión, máxime dada la pequeña dimensión del territorio insular, aunque haya concejales que aspiren a ser cabeza de ratón y no cola de león, al menos mientras paguen los contribuyentes las facturas y las nóminas.

Otra cuestión de discrepancia difícilmente entendible, es la relativa a equipar los taxis con sistemas que permitan el abono de los servicios usando medios electrónicos de pago o tarjetas de crédito,  dejando esta cuestión a la voluntad del dueño de la licencia o el explotador del vehículo.  De ser así, ello obligaría a que el taxi llevara un distintivo bien visible que le indicara al cliente conocer si dispone de esa facilidad.  No es infrecuente que el usuario lleve una cantidad de dinero limitada en efectivo y tenga que bajarse antes de llegar a su destino para poder abonar el servicio.  Cosa distinta sería que los costes financieros generados por el pago electrónico, debieran correr a cargo del cliente y no del taxista.  Creo que el datáfono mejora la calidad del servicio y hasta pudiera proteger al conductor de atracos y sustos, salvo que se quiera evitar que Montoro se entere...