Privatización parcial de AENA

El Comité de Empresa del aeropuerto Tenerife Norte, al que se les han adicionado los representantes sindicales e invitado a sus homólogos del Tenerife Sur, han realizado un encierro el pasado 13 de agosto, en señal de protesta contra la privatización de Aena.  Parece ser que, por fortuna para los viajeros, no ha tenido mucha repercusión, cosa esperable dada la actividad presuntamente laboral de comisionados y liberados varios en esa empresa pública.  

Cosa distinta sucedería en una empresa privada que, a mi entender, es el fondo real de la cuestión y de la protesta.  No se quejan porque, a su muy parcial e interesado entender, pudiera disminuir la calidad de los servicios a operadores aeronáuticos y viajeros, fin último de AENA Aeropuertos. Se movilizan al ver peligrar su peculiar situación personal, aunque eso le cueste un sufrimiento al contribuyente, víctima de los excesos “nomineros” de tanta parafernalia, irracionalidad y sobre dimensionamiento de plantillas.  También, y es la parte del león, de la inmensa deuda que se contrajo en los años del zapaterismo con inversiones multimillonarias en aeropuertos sin tráfico, pero que ahora hay que pagar sin tener ingresos.

Como era de esperar, la cabra siempre tira al monte, el Gobierno de Canarias ha terciado en este asunto pidiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se informe expresamente a los futuros accionistas de que el Ejecutivo autonómico tiene intención de impugnar todo el procedimiento.  Es de suponer que al portavoz Martín Marrero, le han informado de que en realidad la antigua AENA se ha desglosado en varias empresas diferentes antes de iniciar el proceso de entrada de capital privado en ella, más exacto que hablar de privatización y que a lo sumo sería parcial.  Una parte es AENA Aeropuertos, mercantil creada en el 2010, que ha pasado a llamarse simplemente Aena.  La otra parte, ENAIRE, es la antigua  AENA, que que continuará siendo responsable de la gestión de Navegación Aérea.

Expresado con mayor simplicidad, a riesgo de poder caer en pequeñas inexactitudes formales, lo que desde hace tiempo han pretendido CC, y el resto de los nacionalistas, es que el Estado les transfiera la gestión aeroportuaria, entendida como negocio inmobiliario, en el que se adjudican y se cobran alquileres por los espacios que ha fabricado y financiado el Espado Español.  Es decir, que todos los españoles pagan las obras y el Gobierno de Canarias se queda con los ingresos y abona las nóminas de sus comisarios políticos que tomen tierra o “aterricen”, nunca mejor dicho, en los aeropuertos.

Como la antigua AENA arrastra una deuda gigantesca, de más de 13.000 millones de euros, guste o no guste a los empleados públicos, hay que buscar una fórmula viable de amortizarla y de que no vuelva a ser una carga para el erario en cuanto otro gobierno se la encuentre saneada.  Esa es la línea argumental que presenta la CNMV en su informe recomendando las privatizaciones parciales: “la mayor parte de los países de la Europa continental han realizado desde los años 90 una progresiva oleada de privatizaciones en sus principales aeropuertos, reservándose al Estado su participación en las mismos a través de porcentajes minoritarios, imponiendo cláusulas al efecto o utilizando la acción de oro”.

Y lo que no es bajo ningún punto admisible, es que los trabajadores vuelvan a maltratar a los usuarios y a la industria turística, haciéndoles rehenes de sus pretensiones laborales con anunciadas huelgas para “facilitar el diálogo” con la empresa, dicen cínicamente.  ¿Por qué este gobierno, y todos los anteriores, no se han atrevido a presentar una ley de huelga que proteja a la inmensa mayoría de los ciudadanos contra los excesos sindicales?