El pleno desbloquea la licitación del servicio de recogida de basuras y limpieza de playas

La licitación pública del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la contrata del servicio municipal de recogida de basuras y de limpieza de las playas y paseos marítimos del municipio podrá continuar adelante después de que el pleno de la Corporación celebrado este viernes aprobara con los votos del grupo de gobierno la admisión de las dos uniones temporales de empresas  (Utes) que se presentaron al concurso.

El Ayuntamiento sacó la licitación del servicio de recogida de basuras y limpieza de playas por unos 10,8 millones de euros anuales, por un plazo de 12 años con la posibilidad de otros tres de prórroga, y al mismo se presentaron 4 ofertas correspondientes a la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares SA (Cespa); Urbaser SA; la Ute formada por Valoriza Servicios Medioambientales SA y Hermanos Santana Cazorla, y la Ute formada por Fomento Construcciones y Contratas SA, Bitumex Tecnologías y Productos Asfálticos SA y Lopesan Asfaltos y Construcciones SA.

No obstante, el proceso licitador se paralizó debido a las dudas que surgieron respecto a la interpretación legal de las clausulas 13.2 y 19.1.4 del pliego administrativo para  la contratación, sobre la responsabilidad y solvencia individual o colectiva de las empresas participantes en las Utes. La necesidad de resolver tales dudas provocó que el Ayuntamiento requiriera varios informes a los técnicos municipales y al experto profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Hernández González.

El profesor lagunero concluyó apostando por la libre concurrencia y la no restricción de la competencia, y por una “interpretación amplia” de las cláusulas porque “una interpretación distinta, restrictiva y forzada, sería ilógica, desproporcionada y contraria a la razón de ser y la finalidad de las Utes, que es sumar entre todas capacidades de obrar y solvencia, de manera conjunta, integradora y solidaria ante la administración contratante o adjudicadora”.

Según Hernández González, “la interpretación normativa no debe dar cobertura a la exclusión del empresariado, porque tal exclusión debe ampararse en una norma expresa, clara y precisa, que aporte la suficiente y necesaria seguridad jurídica a los licitadores”, señaló.

Asunto urgente

El alcalde Marco Aurelio defendió la urgencia de aprobar este asunto en el pleno para no seguir retrasando por más tiempo los siguientes pasos de la Mesa General de Contratación Municipal, destinados a la apertura de las plicas con las propuestas técnicas y económicas, y a la definitiva adjudicación legal del servicio “para que el mismo empiece a prestarse de manera reglada sin tener que seguir llevando al pleno facturas irregulares para pagar su prestación. Éste es un servicio es básico que el Ayuntamiento tiene que prestar obligatoriamente”, recordó el alcalde.

Antes de la votación y en aras de sumar voluntades, el alcalde advirtió que este contrato ya venía con su prórroga caducada desde la legislatura anterior, y que requería de “un esfuerzo titánico por parte de los concejales para entender que la paralización de este expediente iría en perjuicio del Ayuntamiento”.

“Hubo que adaptar el pliego a la nueva Ley. Los pliegos los hacen los técnicos y no los políticos, y si hay errores hay que intentar resolverlos. Lo que no podemos hacer es retrasar las cosas para no tomar decisiones. Durante todo este tiempo se ha estado trabajando para intentar solventar este asunto, y no hemos dejado el expediente debajo de una piedra. Creo que escondiéndose no van a llegar a ningún sitio. No estamos tomando ninguna decisión alocada. Nosotros tomamos las decisiones que consideramos que son correctas avaladas por los informes para la mejora de este municipio y del funcionamiento de este Ayuntamiento".

El asunto se aprobó finalmente con los votos favorables del grupo de gobierno PP-AV; la abstención de dos concejales del PSOE y del Grupo Mixto, y el voto en contra de los 6 ediles de NC.

1,6 millones menos

Según el pliego, la contrata final recaerá en la empresa ofertante que, en su conjunto, realice la proposición más beneficiosa para el Ayuntamiento. En ese sentido, se valorará entre otras cuestiones la oferta económica más ventajosa y el mejor proyecto técnico y de organización de los servicios.

El Ayuntamiento licita este servicio público con su prórroga ya vencida desde la legislatura política pasada. El precio total del servicio se reduce en cerca de 1’6 millones de euros.

Las contratas vencidas de estos dos servicios, el de basuras domésticas y el de playas, que hasta ahora se vienen prestando por separado, tienen un coste global para el Ayuntamiento de unos 12.364.000 euros, mientras que con la nueva contrata se unifican y salen a concurso con un coste conjunto de 10.805.000 euros, es decir, de 1.559.000 euros menos.

La reducción en los costes del servicio se enmarca en la negociación que en su día se estableció con los operarios de las dos contratas (159 de limpieza y 30 de playas), que en su nuevo convenio colectivo firmaron con la empresa una reducción del 7% de su masa salarial.

La duración de la nueva contrata del servicio de limpieza de playas y recogida de basuras se hará por un plazo de 12 años con la probabilidad de otros tres de prórroga, para garantizar una correcta amortización de la nueva y costosa maquinaria necesaria para la prestación del servicio.