Tener derechos, cuesta. No tenerlos, sale caro

(A partir del libro “El costo de los derechos” de Cass Sunstein y Stephen Holmes. Siglo XXI Editores. 2011.)

Desde el punto de vista material, son los recursos los que hacen posible el progreso y el bienestar sociales. Asimismo, los derechos que pretenden asegurarlos, son costeados por la economía nacional con la redistribución que las administraciones hacen de los impuestos con que graban las actividades económicas: “costos incluidos en el presupuesto, mientras que los derechos se definen como intereses importantes que pueden ser protegidos de manera confiable por individuos o grupos usando instrumentos de gobierno.”. Con todo, se pretende que todos los derechos no son iguales, que unos por el alto nivel en costes que conllevan son difícilmente asumibles, mientras que otros, más baratos, resultan más fáciles de asegurar. La cuestión crematística explicaría, entonces, las distinciones que se hacen entre los derechos que se consideran positivos y negativos, entre los fundamentales y no, entre los civiles y los sociales.

Como en tantas otras cosas, el estudio de costos y beneficios en torno a los derechos depende tanto de la amplitud del enfoque técnico, como de qué intereses políticos se promuevan. Pues los costos materiales de los incendios, sin la acción eficiente de los cuerpos de bomberos -costeados vía impuestos-, en circunstancias de desatención pública serían mucho más grandes y más traumáticos ¿Y qué no decir de la sanidad o de la enseñanza? ¿Qué escenario dantesco de padecimientos asociados a las enfermedades nos amenaza por la privatización de su acceso? ¿Qué mermas en el potencial de capacitación cultural y profesional de gran parte de la ciudadanía, las restricciones en extensión y calidad? Aún así, hay quien considera que solo los derechos civiles son exigibles, porque el Estado puede asumir sus menores costos. Por lo que el derecho a la vivienda no incluiría que el Estado proporcione inmediatamente una vivienda ya que garantizar ese derecho sería muy costoso para la institución. Pero este modo de contar es, cuanto menos, miope. La garantía de la seguridad y el orden público que presupone el ejercicio de los derechos civiles -los servicios de policía y justicia que, entre otros, cumplen esa finalidad- tiene costes que no son menores, pero, en gran medida, son recursos públicos que el Estado ya hace mucho que destina a tal fin y cursan como invisibles. En el derecho a la vivienda, por el contrario, esos recursos suficientes aún no se han aportado para su satisfacción inmediata. Todos los derechos cuestan y su protección y garantía obedece, sobretodo, a una decisión política.

Por ejemplo, asociar los derechos de propiedad con la ilusión de verse libre de las administraciones de gobierno o que los derechos de propiedad existen sin la intervención del Estado -y sus costes- son poco más que interesadas ficciones. Hasta el “libre mercado” requiere del reconocimiento y salvaguarda de títulos de propiedad y de un diseño de distribución de los recursos que es hecho posible por normas y disposiciones legales, decididamente políticas. Por tanto, qué derechos se protegen y con qué intensidad es asunto más de voluntad, que de coste.

Con todo, la servidumbre que impone la redistribución es que hasta la producción de la riqueza que sostiene el entramado de los derechos públicos queda de la mano del sector de la economía centrado en el beneficio privado y ajeno al interés general. Y así, pasa lo que pasa: corrupción, evasión de impuestos, políticas regresivas… No parece que el Estado haya entendido aún que es el tercer sector, el de la economía social, civil y sin ánimo de lucro, el ámbito óptimo de gasto y sostenimiento de la sociedad del bienestar ¿Para cuándo la predistribución de recursos económicos que asegure la autosuficiencia del coste de nuestros derechos?