Doble fraude en los cursos de formación (y 2)

Desde su mismo inicio, la llamada formación ocupacional o formación para el empleo estuvo plagada de irregularidades y sospechas de corruptelas, por no decir certezas ya que una cosa es saberlo fidedignamente y otra es poderlo probar ante unos tribunales y fiscalías poco propensos a procesar a políticos y dirigentes sindicales o patronales.  Y esto sucedía no sólo en España, también la lacra se extendía por la Unión Económica Europea, hoy con el nombre trasmutado en Unión Europea, para que no se notara tanto su orientación económica más que social.  Al puro estilo Lampedusa, se cambia lo superficial para que todo siga igual.

La idea de que es necesaria una formación continua y continuada a lo largo de toda la vida, permite que las ofertas de reciclaje o puesta al día de los conocimientos de los ciudadanos en general y los trabajadores en particular, se presenten como una necesidad imperiosa a cubrir. Eso unido al hecho cierto de que mantener el mismo trabajo durante una gran parte de la vida laboral, empieza a ser un anacronismo. Máxime en un entorno que evoluciona vertiginosamente, sobre todo en los nuevos aspectos técnicos de la economía productiva.

En este sentido diversos autores e instituciones estudian a fondo el asunto. A mi entender, destacan tres textos básicos, altamente recomendables. El primero, es el libro blanco “Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI”,  presentado en Bruselas el 5 de diciembre de 1993 por la Comisión de las Comunidades Europeas.  El segundo, escrito en 1995 por Neil Postman, “El fin de la educación, una nueva definición del valor de la escuela”. Y el tercero, “La educación encierra un tesoro”,  informe presentado por Jacques Delors en 1996 a la UNESCO,  libro síntesis de las ideas desarrolladas en los dos anteriores, pero con recomendaciones prácticas para los gobiernos.

Desde los inicios, políticos y cazadores de subvenciones anexos, olfatearon dinero europeo a espuertas, con unos controles justificativos tan laxos e interpretables como lejanos. Los casos EDU e ICFEM son paradigmáticos.  Y Canarias, cómo no, se subió al carro de la formación no reglada del bracete “de lo social” en sindicatos y patronales.  Nuestras elevadas tasas de desempleo, baja cualificación profesional y el alto fracaso escolar que implica un desaforado abandono temprano de los jóvenes, eran la coartada para justificar la puesta en marcha, como fuera y por quien fuera, de planes de formación para el empleo que permitieran maquillar esas lacras, financiándolos con ingentes cantidades de pesetas primero y euros después.  Desde el punto de vista educativo, esfuerzo y dinero eran dilapidados en planes a cada cual más descabellado, por más que se adornaran con nombres rimbombantes y de mucho papanatismo. Por ejemplo, proliferaron los cursos de informática, la “profesión” del futuro se decía, confundiendo de manera burda una herramienta con una profesión con la que ganarse la vida.

Cualquier cosa que cofinanciara Europa, era bienvenida y perseguida ansiosamente por nuestros políticos.  Como muestra del disparate, valga citar las subvenciones sin sentido dadas por la Junta de Castilla y León para “la cría del camello canario”, por valor de casi 1,5 millones de euros, para “proteger razas autóctonas” (sic). Y hablar de formación de los parados, engañándolos con hipotéticas futuras recolocaciones, es la cruel demagogia usada para justificar algunas de las llamadas políticas activas de empleo, ese gasto social que ha producido enriquecimiento de unos pocos y profundo desengaño en otros muchos.