Doble fraude en los cursos de formación

La velocidad con que se suceden los acontecimientos, los escándalos y corruptelas políticas es tan abrumadora que están logrando que la capacidad de asombro de los ciudadanos vaya desapareciendo hasta considerar que es normal lo que no lo es de ningún modo. Como no debiera ser normal aceptar como normal la desvergüenza con la que disculpan o se escandalizan por esos hechos los políticos y de los adheridos a sustanciosos sueldos en los aparatos de sus partidos, según que sean de la mayoría gobernante o de la oposición.

En estos días ha saltado a la prensa el llamado “Caso Edu”, otro presunto caso de fraude y malversación de caudales públicos vinculado a la Junta de Andalucía, que se suma al de los ERE fraudulentos, aunque esta vez relacionado con los cursos de formación profesional ocupacional para desempleados.  Una de esas políticas activas de empleo que tanto gustan a sindicatos y patronales, gestionar con tan eximios resultados reales para aliviar el desempleo.

En Canarias el asunto les debería sonar, al menos por los ríos de tinta que corrió cuando saltó el “Caso ICFEM” vinculado a CC, ese que a día de hoy y quince años después aún sigue sin aclararse ni juzgarse, tal vez porque sólo es de unos 20 millones de euros, frente a los 1.155 millones del Fondo Social Europeo destinados a estos cursos de formación en Andalucía.  Si el fraude insular tiene por ahora unos 140.000 folios, haciendo una regla de tres, el ahora vinculado al gobierno del PSOE andaluz, tardará en resolverse varios siglos y ocupará millones de folios llenos de tecnicismos leguleyos. Para entonces, hasta los herederos de los herederos de esos fondos “distraídos”, por ahora presuntamente, estarán bien calvos.

Pero lo auténticamente perverso de esta peculiar política activa de empleo, a todas luces y para cualquiera que se haya relacionado con su gestión, una forma irregular de financiación usando la desgracia de las personas en paro como coartada sarcástica, es que encierra un doble fraude: el social y el económico.

Probablemente en gran parte de los casos, los sindicatos, patronales y fundaciones perceptoras de esas subvenciones públicas las habrán justificado con facturas, cheques y auditorías. Contra lo que pueda parecer, esas auditorías son documentales y certifican que los papeles existen, pero no pueden en casi ningún caso demostrar que las facturas se corresponden con los suministros que describen y los pagos se han hecho a quienes firmaron haberlos recibido. Los auditores sólo manejaban papeles, y los papeles lo aguantan todo.  En Canarias, como es de sobra conocido, algunas fortunas de pseudo empresarios frikis se amasaron de ese modo.

Pero el otro aspecto auténticamente siniestro, dicho en todos los sentidos, del fraude en este tipo de política activa de empleo es que se engaña y se deja en la total desesperanza a los desempleados, “engoados” con que con esos cursos podrán recualificarse y encontrar un puesto de trabajo en otro sector económico, como muy bien señala Pablo Molina en su artículo “Sospechas de formación en los cursos de corrupción” publicado en Libertad Digital. 

Y como ejemplo del empleo políticamente sectario de fondos para combatir el paro, fue la denuncia que el 21 de mayo de 2003 se publicó en el ABC, señalando que funcionarios del Frente Polisario recibían cursos del ICFEM en Las Palmas.  ¿Queda algo nuevo por ver?