De lo extravagante a lo habitual

Con la muy mediática aunque tardía declaración de la Infanta como imputada, muchos comentaristas ponen de manifiesto el evidente deterioro de la credibilidad de la Justicia para el común de los ciudadanos y, quiero suponer para no caer en la desesperanza absoluta, que con el silencioso escándalo de los profesionales de la judicatura y la monarquía que aún puedan creer en la ejemplaridad de ambas instituciones: la Justicia y la Corona.

No es éste de la Infanta un hecho aislado, sino que como otras veces se ha comentado, la irrupción de la política y sus corruptelas, enterrando boca abajo a Montesquieu, ha acelerado el proceso de descrédito, como se demuestra en las encuestas del CIS.  Que la credibilidad en los tribunales nunca ha tenido gran arraigo en España es evidente para los que han leído a los clásicos de la literatura española, desde Cervantes a Quevedo pasando por Góngora. 

Pero en los últimos tiempos, con la ayuda de una prensa muy politizada, sectaria y partidista, la poca credibilidad que pudiera quedar en esas instituciones está siendo dinamitada al dar pábulo a interpretaciones extravagantes de algunos jueces y políticos, aparentemente llamados al estrellato o al ascenso en su carrera por apoyar a los partidos que los ascienden más que por una valía personal o intelectual aún por acreditar.  Es de suponer que lo hacen basándose en lecturas abracadabrantes del derecho o en lo que han bautizado, sin el menor rubor, como “el uso alternativo del derecho” haciendo su peculiar lectura partidista de las normas legales bajo el paraguas de un hipotético progresismo con el que pretenden acabar con la seguridad jurídica.  Siempre dispuestos y serviles para mancharse las togas con el polvo del camino…

Extravagante sin duda ha sido el que no haya pasado nada cuando unos expertos han dicho ante el juez que las celebérrimas facturas de la Infanta no eran falsas sino simuladas.  Pero aún más inaudito fue el oír a los técnicos de Hacienda decir que serían o no deducibles, es de suponer que según les sople el viento en sus oídos aquel que puede soplarlo.  

Por mucho que se empeñen los políticos, parafraseando a Francisco de Vitoria y a la Escuela de Salamanca, es cierto que la verdad judicial la establecen los jueces, pero la verdad verdadera sólo la conoce Dios. El resto de los ciudadanos sólo podemos entreverla por la intuición y el sentido común.  Y las tres visiones, con mucha frecuencia no son ni parecidas.

Se ha leído que declarar como testigo obliga a decir la verdad y se acude ante el juez sin abogados, pero que al hacerlo como imputado puede ir asistido por un letrado y tiene “derecho a mentir”.  Obligado o no a decir la verdad por aplicación del procedimiento judicial, sería de sentido común el entender que mentir ante el juez tuviera graves consecuencias, tanto si es testigo como imputado, incrementando el grado de la condena.

Ayuda a acrecentar la falta de credibilidad en la justicia cuando se trata de asuntos relacionados con los políticos y con los considerados “poderosos” o “influyentes”, que no pase nada si se incumplen las sentencias.  Es el caso de la Generalidad de Cataluña con las decisiones del TC, TS e incluso del TSJC, cuando proclaman impunemente que no acatarán sus sentencias y siguen en sus cargos los que se declaran en abierta rebeldía.  Pero si la cosa se pusiera imposible para esas personas, seguirán tranquilos, el Ejecutivo los indultará.