Francisca Luengo nos quiere a media luz

La consejera Francisca Luengo, anunció hace unos días que los canarios podrán solicitar una reducción de la potencia contratada de electricidad, a coste cero, para reducir el importe de la factura.  Y, como dice el Génesis, después descansó tras la electrizante y luminosa ocurrencia que sacará a los más necesitados de la pobreza, que en Canarias bate el record y sitúa al archipiélago doce puntos por encima de la media, según los datos de 2011 publicados por el INE.  Algo tendrá que ver el Gobierno de Canarias, del que ella y su partido forman parte.

Cuando añade la Consejera que “no vamos a parar y pedimos la congelación del recibo en el futuro, puesto que no sabemos qué va a pasar con esas supuestas subastas en el futuro, aunque entrevemos lo que puede ocurrir, que van a ser más subidas”, está sugiriendo una versión light de la propuesta de la Izquierda Plural, pidiendo prohibir por ley el corte de suministro de luz, gas o agua durante los meses de invierno a las familias con dificultades económicas que no paguen su factura y aplicar el IVA (o el IGIC) reducido al recibo.  Por cierto, ¿por qué tilda de supuestas las subastas y no habla de las certezas de los sobrecostes e impuestos introducidos por los políticos en más de la mitad del recibo que se paga?  Es demagógico y populista culpar a las empresas de todos los males, pero no criticar las decisiones de los políticos, sus colegas, que hacen duplicar el importe de la factura final.

Según los cálculos de la Consejera, una familia normal que pague 80 euros bimensuales, con la subida del Gobierno pasará a pagar 81,84 euros, es decir el precio de un cortado por mes.  Evidentemente no es bueno que suban los precios para los consumidores, pero ese incremento no será la causa de la ruina y la muerte por frío, así se dijo al presentar la iniciativa de Izquierda Plural, de miles de personas. Para paliar esta desorbitada subida, propone que las familias pidan a la compañía eléctrica reducir la potencia contratada, y ese es el titular de la noticia, aunque se ve obligada a decir que habrá muchos hogares que no puedan hacer esa reducción, por ejemplo los que estén en el escalón previo al Bono Social. O que quizás no podrán poner la lavadora y la cocina eléctrica a la vez sin que salten los “plomos”.

Pero la mayoría de las familias saben que ese trámite, aunque no haya que abonar nada al suministrador, implica tener la instalación en condiciones y legalizada, cosa que con demasiada frecuencia no ocurre por la irresponsabilidad de los propios usuarios. Así que, cuando la Sra. Luengo les aconseja que lo hagan para ahorrar, puede ser que los esté metiendo en unos gastos respetables para adecuar a la ley la instalación eléctrica de su domicilio.

Y esa es, en esencia, la advertencia que hizo la Asociación de Instaladores ASINELTE, avisando de que esa decisión podría ser perjudicial en determinados casos.  Las razones técnicas las explican con suma claridad en su comunicado.  Ante eso, la Consejería reaccionó afirmando que bajar la potencia contratada no conlleva “ningún peligro”, pues las compañías son las encargadas de garantizar que los hogares tengan la potencia adecuada para que ningún aparato se vea comprometido.  Creo que la Sra. Luengo está confundiendo, demagógicamente por supuesto, dos conceptos: “peligro” y “potencia suficiente”.  Lo de peligro, tendría que precisar a qué se refiere, pues si fuera por contratar menos potencia de la que se consume, los aparatos pueden averiarse al operar en condiciones límite, con picos de tensión generados por los previsibles cortes de energía por sobrecarga.  Pero tal vez se estuviera refiriendo a la decisión política que quiere tomar.  Y eso sí que tiene peligro en exceso.