Los derechos sociales ¿Cómo garantizarlos?

La dignidad de las personas, sus derechos inalienables, son reconocidos como prioridades por la generalidad de los Estados y de los organismos internacionales. Ya en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (Artículo 25. 1). Y nuestra propia Constitución también reconoce esos objetivos como fines principales de su autoridad.

Con todo, hoy por hoy, nada parece suficiente para evitar el continuado incumplimiento de esas necesidades básicas de dignidad humana. Desde hace seis años, el desempleo y el empobrecimiento se extienden y los servicios sociales públicos se desmantelan. Y sin que se arbitren medios para el sustento o seguros de cobertura, las condiciones básicas de bienestar resultan inalcanzables para la gran mayoría de la población.

Desde luego, los derechos sociales, a diferencia de los civiles y los políticos, requieren de muchos recursos materiales, económicos y humanos para asegurarse, y obligan a las administraciones del Estado a múltiples esfuerzos. Pues tratan de cumplir con el reconocimiento de que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” (DUDH Artículo 22).

Aunque no es precisamente la falta de recursos lo que, en la actualidad, los cuestiona y nos está precipitando a la precariedad y la exclusión generalizadas. Es, más bien, la decidida oposición de las élites de poder al orden democrático y a la sociedad del bienestar lo que provoca que, constantemente, busquen oportunidades para desvirtuar las leyes o, directamente –como está pasando ahora en nuestro Estado-, volver legal lo que es indigno.

Frente a todo ello, para asegurar la responsabilidad social de nuestras Administraciones públicas, se viene proponiendo que los derechos sociales formen parte indisoluble de los derechos reconocidos, constitucionalmente, como fundamentales. Lo cual, les daría rango de exigibles ante los tribunales de justicia y, por tanto, obligaría a una completa determinación política, su cumplimiento. Pero ¿sería esto suficiente para llevar lo legal a lo real?  Y la consideración vigente de la ciudadanía, como mera receptora de los ingentes recursos que se deben disponer para asegurar niveles generales de vida digna ¿es hoy aún sostenible? Al fin de al cabo, “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.” (DUDH, Artículo 29 .1).

Más allá de providencias y parasitismos, la unión de los derechos de dignidad con los deberes para su cumplimiento en el único sujeto depositario de la soberanía, la ciudadanía, no permitirá adquirir el protagonismo pleno, la autogestión social de nuestras necesidades comunes. Para poner coto a la corrupción institucional y la depresión económica generalizadas en que nos encontramos, precisamos instaurar un “Nuevo Trato” democrático: la reconstrucción del Estado de bienestar. Aunque, esta vez, blindado constitucionalmente y llevado a cabo sin ánimo de lucro por la propia sociedad civil. Para asegurarnos de que la salida del túnel que buscamos no nos lleve a la tiranía.