Guadalajara, la Ley de Costas y los que se lo llevan a costa del ciudadano

Ya sabemos los motivos de por qué la educación en España se encuentra hecha unos zorros. ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros pequeños que hagan un esfuerzo en matemáticas, lenguaje, historia, física, química o geografía si luego dos perfectos analfabetos funcionales pueden llegar a tener un escaño en el Congreso de los Diputados? Sí, dos perfectos ignorantes que a costa (y nunca mejor traída la expresión) de todos nosotros, de nuestros impuestos, se lo llevan crudo todos los meses.

Se trata de los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, que hace unos meses tuvieron a bien remitir una batería de preguntas por escrito al Gobierno preguntando sobre el impacto de la Ley de Costas en la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). Sí, sí, no es ningún chiste ni ningún error ortográfico-geográfico.

Entre las cuestiones que estos dos mendas leyendas presentaron en el registro de la Cámara estaban que: "¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existen en la provincia de Guadalajara? "¿Cuántas construcciones o instalaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas tiene constancia que existen en la provincia de Guadalajara?" y "¿cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas en vigor, situadas en dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Guadalajara, podrán ser legalizadas con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas actualmente en trámite parlamentario?".

Pero, con ser grave todo esto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha tardado la friolera de seis meses en dar respuesta a estas preguntas cuando, la verdad sea dicha, alguien en el propio registro de entrada tenía que haber alertado a este par de ‘lumbreras’ y sacarles de su equivocación. ¿Qué impacto puede tener una ley de costas en una región que, como poco, dista 300 kilómetros de la playa más cercana? Hace falta ser zotes para preguntar cuestiones de este calado, porque, claro está, tampoco descartaría al 100% otra posibilidad, que se trate de dos guasones que quisieran reírse a mandíbula batiente del Gobierno a ver si éste les daba una de estas respuestas prefabricadas y ya hubiéramos tenido cachondeo para tiempo. De cualquier manera, ignorancia supina o tratar de chotearse de un Gobierno son dos perspectivas a cual más preocupante.