Los siete procesados, cuatro mujeres y tres hombres, con vínculos familiares entre sí, se enfrentan a penas de entre 75 y 2 años de prisió
La Audiencia de Las Palmas inicia la próxima semana un
juicio contra siete integrantes de una banda nigeriana afincada en
Vecindario (Gran Canaria), que explotaba sexualmente a mujeres que
captaban en su país y que llegaron a dejar embarazadas para garantizar
su estancia en España.
Los siete procesados, cuatro mujeres y tres hombres, con vínculos familiares entre sí, se enfrentan a penas de entre 75 y 2 años de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, detención ilegal, prostitución y asociación ilícita, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La organización la encabezada la acusada Sonia O., de 36 años, conocida como "Mamá Princesa", según el escrito de acusación del Ministerio Público, que señala que la banda operaba desde al menos 2007 y practicaba el vudú para someter a sus víctimas, a las que captaba con la promesa de encontrar trabajo en España.
Según el escrito de acusación, la organización utilizaba todo tipo de amenazas y violencia física y psíquica para que sus víctimas ejercieran la prostitución en burdeles de la zona de Lugo, en Las Palmas de Gran Canaria, y en calles de Palma de Mallorca, adonde las trasladaban una vez al año.
Así, las mujeres que habían llegado a España con bebés o niños de corta edad, debían dejarlos al cuidado de dos de los acusados en un piso de Madrid, de manera que si no ejercían la prostitución las amenazaban con entregar a sus hijos a las autoridades.
Las jóvenes debían estar disponibles las 24 horas del día para ejercer la prostitución, y debían cobrar por sus servicios entre 20 o 30 euros, pero no podían apropiarse de dinero alguno, puesto que debían de pagar la deuda contraída con la organización por posibilitar su viaje a España, cantidad que oscilaba entre los 15.000 y 50.000 euros, según recoge el escrito de acusación.
Además, debían pagar a la organización el alojamiento que les facilitaba, la comida, los pasaportes falsos que les suministraba, así como los gastos de mantenimiento de sus hijos y los billetes de avión si viajaban a Madrid o a Palma de Mallorca.
Las jóvenes captadas estaban en situación de necesidad en Nigeria, preferentemente carecían de educación y viajaban solas hasta algún punto de África, donde un intermediario les facilitaba la llegada a España, donde además eran obligadas a solicitar asilo político, que les permitía su desplazamiento por el país durante la tramitación de la documentación, según la acusación.
Las chicas o bien viajaban hasta Marruecos para llegar en patera a las costas españolas, o bien hasta Turquía para continuar viaje hasta Grecia o directamente a París, para después llegar a España.
Las que viajaban en patera, durante su espera en Marruecos, en ocasiones quedaron embarazadas del intermediario para cruzar el estrecho en estado de gestación o con un bebé de pocos meses, con el fin de evitar su expulsión y garantizar su permanencia en España, según el escrito de acusación.
Los siete procesados, cuatro mujeres y tres hombres, con vínculos familiares entre sí, se enfrentan a penas de entre 75 y 2 años de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, detención ilegal, prostitución y asociación ilícita, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La organización la encabezada la acusada Sonia O., de 36 años, conocida como "Mamá Princesa", según el escrito de acusación del Ministerio Público, que señala que la banda operaba desde al menos 2007 y practicaba el vudú para someter a sus víctimas, a las que captaba con la promesa de encontrar trabajo en España.
Según el escrito de acusación, la organización utilizaba todo tipo de amenazas y violencia física y psíquica para que sus víctimas ejercieran la prostitución en burdeles de la zona de Lugo, en Las Palmas de Gran Canaria, y en calles de Palma de Mallorca, adonde las trasladaban una vez al año.
Así, las mujeres que habían llegado a España con bebés o niños de corta edad, debían dejarlos al cuidado de dos de los acusados en un piso de Madrid, de manera que si no ejercían la prostitución las amenazaban con entregar a sus hijos a las autoridades.
Las jóvenes debían estar disponibles las 24 horas del día para ejercer la prostitución, y debían cobrar por sus servicios entre 20 o 30 euros, pero no podían apropiarse de dinero alguno, puesto que debían de pagar la deuda contraída con la organización por posibilitar su viaje a España, cantidad que oscilaba entre los 15.000 y 50.000 euros, según recoge el escrito de acusación.
Además, debían pagar a la organización el alojamiento que les facilitaba, la comida, los pasaportes falsos que les suministraba, así como los gastos de mantenimiento de sus hijos y los billetes de avión si viajaban a Madrid o a Palma de Mallorca.
Las jóvenes captadas estaban en situación de necesidad en Nigeria, preferentemente carecían de educación y viajaban solas hasta algún punto de África, donde un intermediario les facilitaba la llegada a España, donde además eran obligadas a solicitar asilo político, que les permitía su desplazamiento por el país durante la tramitación de la documentación, según la acusación.
Las chicas o bien viajaban hasta Marruecos para llegar en patera a las costas españolas, o bien hasta Turquía para continuar viaje hasta Grecia o directamente a París, para después llegar a España.
Las que viajaban en patera, durante su espera en Marruecos, en ocasiones quedaron embarazadas del intermediario para cruzar el estrecho en estado de gestación o con un bebé de pocos meses, con el fin de evitar su expulsión y garantizar su permanencia en España, según el escrito de acusación.
pepe | Viernes, 01 de Noviembre de 2013 a las 15:52:12 horas
aqui va a ocurrir lo mismo que ocurrio en el juicio contra la banda rumana, error de procedimiento y absueltos.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder