Promociona, que a alguien le queda

Desde que el Parlamento de Canarias, con más oropel y fanfarria de cara a la galería que ganas o interés de cumplir y hacer cumplir sus propias leyes, aprobó la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, no ha habido año ni promoción que no se haya visto envuelta en polémicas más o menos virulentas.  Acusaciones de parcialidad o amiguismo, de “ruindades” calificó algunas la por entonces todopoderosa Pilar Parejo Bello, han sido continuadas sin que hasta hoy nadie parezca querer poner freno a tal desatino.

Como ejemplo de continuo incumplimiento es comparar el espíritu y la literalidad del artículo 53 Acción sobre la imagen de la ley citada, con la realidad.  Para una supuesta mayor concreción se exige a la promoción de la Consejería la promoción de la imagen y la calidad de Canarias como destino turístico, no de algunas partes o islas específicamente, con dos principios “a) que la imagen responda a la realidad, y b) que se incorpore a ella la diversidad de destinos del Archipiélago Canario”.  Algunos publicistas, siguiendo órdenes de quien los contrata y no por iniciativa propia ni desconocimiento, han interpretado y fundido ambos condicionantes de una forma singular:  las imágenes o fotos pueden ser de una isla aunque el rótulo sea de otra.  Ejemplos de playas viajeras, al fin y al cabo se está hablando de viajes turísticos, han sido constantes y siempre con billete de ida pero no de vuelta.  

No diré que es un escándalo, porque la palabra se ha depreciado por tantos casos de impunidad de los políticos responsables, pero sí que debería estudiarse como ejemplo de falta total de ética lo de la campaña estrella “Vuelve a brillar” que ha resultado estrellada.  No tengo noticias de ceses fulminantes, demandas o querellas en los juzgados por lo que, hay que decir presuntamente, es una estafa y un abuso de confianza intolerable.  En el diario ABC del pasado día 2, Chema Ayaso en su columna “Adrede”, hace una disección bastante certera de este bochornoso suceso que debería hacer que los responsables se auto confinaran en una cartuja, o en un monasterio cisterciense, a la espera del correspondiente juicio que les obligara a devolver el 1.800.000 euros, un pelín menos de 300 millones de pesetas, no de las antiguas como suele decirse porque sólo había unas, y a un alojamiento temporal a nuestro cargo en el residencial Salto del Negro o en otro establecimiento público similar con vistas al mar.

Si vergonzoso para el Gobierno de Canarias debiera ser el caso, no es seguro ni probable que lo sea, esperpéntica es la explicación del ejecutivo cuando argumenta que “se ha creado una base de datos con cerca de 200.000 mil interesados en las Islas Canarias”.  Dejando para expertos en liar lo obvio como son los especialistas en derecho, que no en justicia, sobre si ha habido o no publicidad engañosa y cuestiones legales relacionadas con la protección de datos personales, conviene resaltar que no es del todo cierto que por el hecho de participar en un concurso en el que afirman sortear unos viajes gratis a Canarias o a cualquier otro destino turístico, se siga interesado posteriormente en ese lugar.  La experiencia en mercadotecnia, publicidad y acciones promocionales corrobora que la gente se apunta a lo que es gratis, a veces sin ni siquiera saber bien de qué se trata.  Para ejemplo, los regalos en FITUR.