La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo sobre la nueva Ley de Costas aprobada por el Gobierno del PP, el paso preliminar a un posible expediente sancionador
La Comisión Europea ha abierto un expediente
informativo sobre la nueva Ley de Costas aprobada por el Gobierno del
PP, el paso preliminar a un posible expediente sancionador, tras la
denuncia presentada por el PSOE por entender que vulnera hasta seis
directivas europeas.
La coordinadora federal de Medio Ambiente del PSOE, Consuelo Rumí, ha informado de este expediente en una rueda de prensa que ha ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha recordado que su partido también mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra esa reforma de la Ley de Costas de 1988, que ha calificado de "regresiva", nefasta e ideológica".
Rumí ha explicado que sus recurso sostiene que se vulneran varios artículos de la Constitución y, con él, el PSOE trata de garantizar el futuro de las costas españolas, para evitar que se reduzca su protección y se privaticen las playas con una reforma legal que, desde su punto de vista, ha sido "un atentado ecológico".
El litoral es de todos y "cualquier gobierno tiene la obligación de protegerlo", ha subrayado la también diputada nacional, quien entiende que la nueva Ley de Protección y de Uso Sostenible del Litoral beneficia a quienes tienen intereses privados en las costas y favorece a las personas del entorno del PP.
"La costa es patrimonio público, no del PP ni de sus amigos para hacer negocio", ha señalado Rumí, quien además ha manifestado que la ley aprobada por los socialistas en 1988 no es la "culpable de los excesos cometidos en el litoral, sino "víctima de la voracidad especulativa y de la orgía del ladrillo".
El problema que ha surgido en el litoral ha sido por la "violación de la ley de 1988, no por su aplicación", ha afirmado la diputada socialista, quien ha añadido que el 95 por ciento de los litigios sobre la misma han sido favorables a la Administración, y lo que consigue el PP ahora con esta reforma es "rescatar a los infractores".
En cuanto a la posible inconstitucionalidad de la nueva ley, Rumí se ha referido a la arbitrariedad y amnistía en la que incurre la prórroga de las concesiones que se amplían por un periodo de 75 años, la reducción de la servidumbre de protección, que se recorta de 100 metros a 20, y la división que introduce entre playas urbanas y naturales con distintos niveles de protección.
Así mismo, ha considerado también llamativo el hecho de que excluya a doce municipios (ninguno canario) y a la isla de Formentera del dominio marítimo terrestre, por atentar al principio de igualdad.
El secretario insular del PSOE en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el Gobierno canario, formado por su partido y CC, también ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, por entender que agrava la situación de las costas de las islas y de sus núcleos costeros urbanos, sobre los que además ha dicho que es "pesimista" en cuanto a su futuro.
Torres ha señalado que no cree que puedan legalizar su situación los 96 núcleos costeros de los 34 municipios canarios que -según informó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial- han remitido documentación al Ministerio de Medio Ambiente para que puedan ser incluidos como excepción en la aplicación de la ley, y para lo que la norma daba un plazo de tres meses.
La coordinadora federal de Medio Ambiente del PSOE, Consuelo Rumí, ha informado de este expediente en una rueda de prensa que ha ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha recordado que su partido también mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra esa reforma de la Ley de Costas de 1988, que ha calificado de "regresiva", nefasta e ideológica".
Rumí ha explicado que sus recurso sostiene que se vulneran varios artículos de la Constitución y, con él, el PSOE trata de garantizar el futuro de las costas españolas, para evitar que se reduzca su protección y se privaticen las playas con una reforma legal que, desde su punto de vista, ha sido "un atentado ecológico".
El litoral es de todos y "cualquier gobierno tiene la obligación de protegerlo", ha subrayado la también diputada nacional, quien entiende que la nueva Ley de Protección y de Uso Sostenible del Litoral beneficia a quienes tienen intereses privados en las costas y favorece a las personas del entorno del PP.
"La costa es patrimonio público, no del PP ni de sus amigos para hacer negocio", ha señalado Rumí, quien además ha manifestado que la ley aprobada por los socialistas en 1988 no es la "culpable de los excesos cometidos en el litoral, sino "víctima de la voracidad especulativa y de la orgía del ladrillo".
El problema que ha surgido en el litoral ha sido por la "violación de la ley de 1988, no por su aplicación", ha afirmado la diputada socialista, quien ha añadido que el 95 por ciento de los litigios sobre la misma han sido favorables a la Administración, y lo que consigue el PP ahora con esta reforma es "rescatar a los infractores".
En cuanto a la posible inconstitucionalidad de la nueva ley, Rumí se ha referido a la arbitrariedad y amnistía en la que incurre la prórroga de las concesiones que se amplían por un periodo de 75 años, la reducción de la servidumbre de protección, que se recorta de 100 metros a 20, y la división que introduce entre playas urbanas y naturales con distintos niveles de protección.
Así mismo, ha considerado también llamativo el hecho de que excluya a doce municipios (ninguno canario) y a la isla de Formentera del dominio marítimo terrestre, por atentar al principio de igualdad.
El secretario insular del PSOE en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el Gobierno canario, formado por su partido y CC, también ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, por entender que agrava la situación de las costas de las islas y de sus núcleos costeros urbanos, sobre los que además ha dicho que es "pesimista" en cuanto a su futuro.
Torres ha señalado que no cree que puedan legalizar su situación los 96 núcleos costeros de los 34 municipios canarios que -según informó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial- han remitido documentación al Ministerio de Medio Ambiente para que puedan ser incluidos como excepción en la aplicación de la ley, y para lo que la norma daba un plazo de tres meses.
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