Cambio radical en el sistema político

Hace unos días el ex presidente Román Rodríguez publicaba un artículo de opinión, titulado “Ciudadanía y reforma electoral (1)”.  En esta entrega inicial hace un análisis general del sistema político español y su actual deterioro.  Sus premisas difícilmente pueden ser discutidas por alguien que observe sin orejeras sectarias la situación política y económica española en general y la de Canarias en particular. Probablemente su diagnóstico del estado actual de cosas sea compartido por casi todos, aunque se puede y tal vez se deba, disentir de las causas y de las soluciones que se esbozan en ese análisis, muy sintéticas por razones del espacio y formato periodístico que ha de dar a la exposición de su pensamiento político.

Como premisa inicial, Román Rodríguez afirma algo que casi todos sentimos e intuimos y que los estudios sociológicos cuantifican:  hoy existe el mayor nivel de rechazo ciudadano en todo el período democrático hacia la política y las instituciones democráticas.  En realidad tal vez sería más correcto referirse a los políticos, como casta o clase, que a la política y a los partidos políticos, sus pompas y sus obras, como sujetos pasivos del rechazo y asqueo popular.  Estos, unidos a los manejos de sindicatos y patronales, completan un panorama que sólo formalmente puede ser calificado de democrático sin caer en un beatífico buenismo más propio de un imaginado vergel de bellezas sin par que de unas Islas Canarias actuales.

Culpabiliza el artículo esta situación de desafecto a distintas circunstancias, que van “desde los graves casos de corrupción, vinculados a escándalos urbanísticos y a enriquecimientos personales, pasando por la propia financiación de algunos partidos”.  En mi opinión, se confunden los síntomas visibles, corruptelas y corruptos varios, con la enfermedad profunda y la inviabilidad del sistema político actual.  No sabría decir si fue antes el huevo o la gallina, pero la enfermedad es imposible de erradicar porque previamente se ha preocupado la casta política de controlar, neutralizar y unificar en uno solo los tres poderes del estado.  Como decía Alfonso Guerra, “Montesquieu ha muerto”.  Y él sabía muy bien lo que decía porque se había encargado de enterrarlo, boca abajo por si acaso resucitara, con la complicidad de otros partidos que, en un quítate tú para ponerme yo, aspiraban a turnarse en el machito, en el reparto de prebendas y en distribuir subvenciones graciables a quienes en gracia les cayeran.  

Cuando no hay Justicia sino a lo sumo un enrevesado Derecho, donde nadan como pez en el agua el descaro y la tergiversación del sentido común, la impunidad y la inseguridad jurídica aseguran que se puedan cometer las mayores tropelías en nombre de una teórica democracia.  ¿Cómo podemos confiar en una justicia especializada en defender a quien le paga?, sentenciaba sabiamente Don Pedro Lezcano en su discurso de investidura como doctor honoris causa por la ULPGC.  Diagnosticarlo más claro y certeramente es imposible.   

Tampoco creo que sea causa fundamental del rechazo popular hacia los políticos los incumplimientos flagrantes de los programas electorales. Basta recordar las palabras al respecto de Tierno Galván allá por los años 1980.  Menos aún creo exacto culpar al “sometimiento de los gobiernos y parlamentos a los poderes económicos”.  Más bien, al menos en Canarias, es justo al revés.   Prueba de ello es el deterioro constante y la huida de la economía productiva real que se ve desplazada por la subvencionada en connivencia, que no sometimiento, de la política (los políticos) y la economía (los agraciados subvencionados).