Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que este Plan Territorial Especial 
de Ordenación Turística no cumple con la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2003 de Directrices y presenta este documento con casi 3 años de retraso con respecto a las obligaciones legales.Para Alberto Martín, miembro de la Coordinadora Insular de la Federación, este avance del PTE, con un crecimiento de 25.000 camas turísticas, denota claramente su carácter expansivo y contrario, no solo a los principios del desarrollo sostenible, sino a las circunstancias presentes del sector turístico, a las demandas ambientales y sociales de Gran Canaria, y a los criterios y objetivos establecidos en las Directrices de Ordenación General y del Turismo, que se supone está obligado a respetar y cumplir.
Los ecologistas consideran que este PTE modifica el Plan Insular, careciendo de competencia para ello, y de esta forma destacan las siguientes modificaciones del PIO en las alegaciones presentadas, que pueden ver más abajo:
a) Altera el régimen de usos de la zonificación de ordenación de recursos naturales del PIO, para permitir grandes equipamientos complementarios en zonas Bb1.1, de máximo valor agrícola, que el PIO no permite ni el PTE, que no tiene carácter de Plan de Ordenación de Recursos Naturales, puede en forma alguna modificar.
b) Establece nuevas piezas turísticas, inclusa fuera de las Zonas Turísticas fijadas por el Plan Insular (como la pretendida en el Barranco de Telde), con la intención de clasificar algunas de ellas como suelo urbanizable, pese a la prohibición de clasificación de nuevos suelos urbanizables con destino turístico establecida en el apartado 2.a) de la Directriz 7 de Ordenación del Turismo.
c) Pasa La Aldea de la Zona Turística Norte en la que la ubicó correctamente el PIO, a la Zona Turística Sur en la que la coloca el PTE, para justificar el incremento de su capacidad alojativa.
d) Prevé un crecimiento de casi 18.000 camas hasta el 2015, y otras 8.000 en el siguiente trienio, no establecido por el Plan Insular.
e) Establece nuevos grandes equipamientos turísticos complementarios no previstos en el Plan Insular y una categoría de actuaciones estratégicas denominadas "hitos turísticos", tampoco contemplada el mismo.
f) Triplica, del 15 al 50%, la tolerancia de alojamiento temporal no turístico en sectores turísticos, abriendo aún más la espita a la especulación inmobiliaria con un producto, la denominada vivienda "turística", que en nada colabora a la mejora del destino turístico grancanario, sino que compite deslealmente con los establecimientos alojativos turísticos legales.
En este sentido, el PTE va mucho más allá de esta aumentada "tolerancia" residencial, ya que propugna un nuevo modelo turístico en el que el alojamiento residencial puede mezclarse y sustituir al alojamiento turístico, tanto en las zonas turísticas existentes como acompañando a los potentes equipamientos grandes consumidores de suelo.
Por todo esto, Ben Magec-Ecologistas en Acción reclama a la nueva corporación que retire este Plan y retome la senda de la legalidad y el desarrollo sostenible para Gran Canaria.
de Ordenación Turística no cumple con la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2003 de Directrices y presenta este documento con casi 3 años de retraso con respecto a las obligaciones legales.Para Alberto Martín, miembro de la Coordinadora Insular de la Federación, este avance del PTE, con un crecimiento de 25.000 camas turísticas, denota claramente su carácter expansivo y contrario, no solo a los principios del desarrollo sostenible, sino a las circunstancias presentes del sector turístico, a las demandas ambientales y sociales de Gran Canaria, y a los criterios y objetivos establecidos en las Directrices de Ordenación General y del Turismo, que se supone está obligado a respetar y cumplir.
Los ecologistas consideran que este PTE modifica el Plan Insular, careciendo de competencia para ello, y de esta forma destacan las siguientes modificaciones del PIO en las alegaciones presentadas, que pueden ver más abajo:
a) Altera el régimen de usos de la zonificación de ordenación de recursos naturales del PIO, para permitir grandes equipamientos complementarios en zonas Bb1.1, de máximo valor agrícola, que el PIO no permite ni el PTE, que no tiene carácter de Plan de Ordenación de Recursos Naturales, puede en forma alguna modificar.
b) Establece nuevas piezas turísticas, inclusa fuera de las Zonas Turísticas fijadas por el Plan Insular (como la pretendida en el Barranco de Telde), con la intención de clasificar algunas de ellas como suelo urbanizable, pese a la prohibición de clasificación de nuevos suelos urbanizables con destino turístico establecida en el apartado 2.a) de la Directriz 7 de Ordenación del Turismo.
c) Pasa La Aldea de la Zona Turística Norte en la que la ubicó correctamente el PIO, a la Zona Turística Sur en la que la coloca el PTE, para justificar el incremento de su capacidad alojativa.
d) Prevé un crecimiento de casi 18.000 camas hasta el 2015, y otras 8.000 en el siguiente trienio, no establecido por el Plan Insular.
e) Establece nuevos grandes equipamientos turísticos complementarios no previstos en el Plan Insular y una categoría de actuaciones estratégicas denominadas "hitos turísticos", tampoco contemplada el mismo.
f) Triplica, del 15 al 50%, la tolerancia de alojamiento temporal no turístico en sectores turísticos, abriendo aún más la espita a la especulación inmobiliaria con un producto, la denominada vivienda "turística", que en nada colabora a la mejora del destino turístico grancanario, sino que compite deslealmente con los establecimientos alojativos turísticos legales.
En este sentido, el PTE va mucho más allá de esta aumentada "tolerancia" residencial, ya que propugna un nuevo modelo turístico en el que el alojamiento residencial puede mezclarse y sustituir al alojamiento turístico, tanto en las zonas turísticas existentes como acompañando a los potentes equipamientos grandes consumidores de suelo.
Por todo esto, Ben Magec-Ecologistas en Acción reclama a la nueva corporación que retire este Plan y retome la senda de la legalidad y el desarrollo sostenible para Gran Canaria.
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