Los populares dicen que el Gobierno canario "vuelve a vulnerar en la práctica sin ningún pudor" el principio de libre concurrencia
El PP ha exigido hoy al Gobierno de Canarias que anule el
concurso para adjudicar los servicios de distribución y difusión de
señales de TDT y FM, y transporte permanente de señales audiovisuales,
al sospechar que se usa la RTVC "para enmascarar irregularidades y
beneficiar a una empresa en detrimento de otras".
Según indica en un comunicado la diputada regional del grupo Popular María Teresa Pulido, el Gobierno canario "vuelve a vulnerar en la práctica sin ningún pudor" el principio de libre concurrencia, pues a su juicio impide el acceso a un concurso público a casi una decena de empresas canarias.
Explica que el Boletín Oficial de Canarias publicó el 12 de junio la convocatoria de este concurso por procedimiento abierto, y por cuatro años, "sin haber motivo urgente para ello, pues Advertís Telecom, la empresa que actualmente lo presta, cuenta con dos años de prórroga".
Los empresarios canarios del sector audiovisual denuncian que todo parece dirigido a que los más de 13 millones de euros que suma este contrato beneficien a la empresa que actualmente presta el servicio, la única en Canarias que reúne los requisitos técnicos que este concurso exige obtener en un mes", afirma.
En su opinión, el Gobierno podría estar perjudicando gravemente los intereses de los empresarios de las islas para renovar al actual concesionario, pues introduce requisitos técnicos imposibles de cumplir antes del plazo fijado para la adjudicación provisional, el 15 de julio, y poner el sistema en funcionamiento antes del 1 de agosto.
Entre ellos, los empresarios citan determinados trámites que han de realizarse ante el Ministerio de Industria, y requieren entre 60 y 120 días solo para obtener la autorización y, según apunta María Teresa Pulido, únicamente la actual adjudicataria puede hacerlo en 15 días, porque ya cuenta con las frecuencias.
"Advertís Telecom ya tiene los medios necesarios en funcionamiento y cuenta con las autorizaciones pertinentes, con lo que no gastará ni un euro de la cantidad que presente como oferta económica y, según estiman los empresarios, podría obtener un beneficio de más de 9 millones de euros", agrega.
Por ello el PP considera "increíble" que los empresarios canarios sean "atropellados por Rivero" en un momento de crisis, que hubiera sido "una magnífica oportunidad para aunar a las empresas del ramo y plantear una propuesta conjunta".
En opinión de María Teresa Pulido, si el Gobierno canario no para de inmediato "esta tropelía" deberán hacerlo los tribunales, la Comisión de la Competencia del Gobierno central o la Unión Europea, pues los empresarios han anunciado que recurrirán la adjudicación debido a que los pliegos del concurso impiden la libre concurrencia.
Según indica en un comunicado la diputada regional del grupo Popular María Teresa Pulido, el Gobierno canario "vuelve a vulnerar en la práctica sin ningún pudor" el principio de libre concurrencia, pues a su juicio impide el acceso a un concurso público a casi una decena de empresas canarias.
Explica que el Boletín Oficial de Canarias publicó el 12 de junio la convocatoria de este concurso por procedimiento abierto, y por cuatro años, "sin haber motivo urgente para ello, pues Advertís Telecom, la empresa que actualmente lo presta, cuenta con dos años de prórroga".
Los empresarios canarios del sector audiovisual denuncian que todo parece dirigido a que los más de 13 millones de euros que suma este contrato beneficien a la empresa que actualmente presta el servicio, la única en Canarias que reúne los requisitos técnicos que este concurso exige obtener en un mes", afirma.
En su opinión, el Gobierno podría estar perjudicando gravemente los intereses de los empresarios de las islas para renovar al actual concesionario, pues introduce requisitos técnicos imposibles de cumplir antes del plazo fijado para la adjudicación provisional, el 15 de julio, y poner el sistema en funcionamiento antes del 1 de agosto.
Entre ellos, los empresarios citan determinados trámites que han de realizarse ante el Ministerio de Industria, y requieren entre 60 y 120 días solo para obtener la autorización y, según apunta María Teresa Pulido, únicamente la actual adjudicataria puede hacerlo en 15 días, porque ya cuenta con las frecuencias.
"Advertís Telecom ya tiene los medios necesarios en funcionamiento y cuenta con las autorizaciones pertinentes, con lo que no gastará ni un euro de la cantidad que presente como oferta económica y, según estiman los empresarios, podría obtener un beneficio de más de 9 millones de euros", agrega.
Por ello el PP considera "increíble" que los empresarios canarios sean "atropellados por Rivero" en un momento de crisis, que hubiera sido "una magnífica oportunidad para aunar a las empresas del ramo y plantear una propuesta conjunta".
En opinión de María Teresa Pulido, si el Gobierno canario no para de inmediato "esta tropelía" deberán hacerlo los tribunales, la Comisión de la Competencia del Gobierno central o la Unión Europea, pues los empresarios han anunciado que recurrirán la adjudicación debido a que los pliegos del concurso impiden la libre concurrencia.
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