La sentencia absuelve, en cambio, al resto de acusados en este procedimiento penal
El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran
Canaria ha condenado a siete años de inhabilitación al exalcalde de
Telde Francisco Santiago, hoy en NC, por estimar que cometió un delito
de prevaricación al permitir que el centro para toxicómanos de Yrichen
se construyera sin licencia.
La sentencia absuelve, en cambio, al resto de acusados en este procedimiento penal, que se abrió hace siete años: los ediles Ildefonso Jiménez, Marcelino Galindo y Julián González y los arquitectos Antonio Betancor y Elisenda Muñoz.
La juez considera que, entre 1994 y 1995, Francisco Santiago permitió que Yrichen construyera ese centro social en el barrio de La Pardilla pese a que no se le había llegado a otorgar la preceptiva licencia, no se había elaborado el informe básico de impacto ambiental ni se había obtenido el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo, ya que se trataba de suelo rústico.
A pesar de todo ello, el entonces alcalde de Telde no solo no requirió la paralización de esas obras, sino que "dictó resoluciones para su realización hasta que finalizaron".
La juez no aprecia que el resto de los acusados sean responsables de la falta de control por parte del Ayuntamiento de que la construcción de ese centro social cumpliera con los requisitos exigidos por la ley, ya que el alcalde no había delegado en ellos ninguna competencia en materia de concesión de licencias.
Durante el juicio, las acusaciones plantearon una solicitud para que se derriben las obras ilegalmente realizadas en Yrichen.
La sentencia no contiene ningún mandato al respecto, pero sí hace constar en el capítulo de hechos probados que, a pesar de las irregularidades cometidas, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias dio su visto bueno a ese equipamiento de Yrichen al aprobar la revisión del plan general de urbanismo de Telde de 2011.
La sentencia absuelve, en cambio, al resto de acusados en este procedimiento penal, que se abrió hace siete años: los ediles Ildefonso Jiménez, Marcelino Galindo y Julián González y los arquitectos Antonio Betancor y Elisenda Muñoz.
La juez considera que, entre 1994 y 1995, Francisco Santiago permitió que Yrichen construyera ese centro social en el barrio de La Pardilla pese a que no se le había llegado a otorgar la preceptiva licencia, no se había elaborado el informe básico de impacto ambiental ni se había obtenido el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo, ya que se trataba de suelo rústico.
A pesar de todo ello, el entonces alcalde de Telde no solo no requirió la paralización de esas obras, sino que "dictó resoluciones para su realización hasta que finalizaron".
La juez no aprecia que el resto de los acusados sean responsables de la falta de control por parte del Ayuntamiento de que la construcción de ese centro social cumpliera con los requisitos exigidos por la ley, ya que el alcalde no había delegado en ellos ninguna competencia en materia de concesión de licencias.
Durante el juicio, las acusaciones plantearon una solicitud para que se derriben las obras ilegalmente realizadas en Yrichen.
La sentencia no contiene ningún mandato al respecto, pero sí hace constar en el capítulo de hechos probados que, a pesar de las irregularidades cometidas, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias dio su visto bueno a ese equipamiento de Yrichen al aprobar la revisión del plan general de urbanismo de Telde de 2011.
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