Le imputa cuatro delitos en el marco de la "Operación suspiros": prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental y estafa
El juez de Instrucción número 2 de Guía ha
imputado al arquitecto técnico del Ayuntamiento de Moya, Juan José
G.R., cuatro delitos en el marco de la "Operación suspiros":
prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas a funcionarios
públicos, falsedad documental y estafa.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el segundo de los arquitectos implicados en la trama denunciada por el propio Ayuntamiento ante la Guardia Civil, Francisco Javier A.R., está imputado, a su vez, en delitos de falsedad documental, estafa, tráfico de influencias y cooperación necesaria en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Los dos profesionales han declarado ya ante el juez instructor, que los ha dejado en libertad, sin fianza.
El tercero de los arquitectos detenidos por la Guardia Civil, Jorge M.G., declarará ante el juez en los próximos días.
La Guardia Civil inició esta investigación tras recibir, a través del propio Ayuntamiento de Moya, quejas de vecinos que se sentían estafados por estos profesionales, a los que habrían pagado para tramitar una serie de proyectos ante el Consistorio.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el segundo de los arquitectos implicados en la trama denunciada por el propio Ayuntamiento ante la Guardia Civil, Francisco Javier A.R., está imputado, a su vez, en delitos de falsedad documental, estafa, tráfico de influencias y cooperación necesaria en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Los dos profesionales han declarado ya ante el juez instructor, que los ha dejado en libertad, sin fianza.
El tercero de los arquitectos detenidos por la Guardia Civil, Jorge M.G., declarará ante el juez en los próximos días.
La Guardia Civil inició esta investigación tras recibir, a través del propio Ayuntamiento de Moya, quejas de vecinos que se sentían estafados por estos profesionales, a los que habrían pagado para tramitar una serie de proyectos ante el Consistorio.
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