Han advertido en una rueda de prensa sobre los efectos "devastadores" que tendrá en el archipiélago esta ley en los servicios sociales esenciales que prestan los ayuntamientos y en el empleo local
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Comisiones Obreras ha pedido una reunión urgente con
la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canarias de Islas
para elaborar una estrategia conjunta en defensa de los servicios
públicos y en contra del anteproyecto de ley de reforma de la
administración local.El secretario general de CCOO en Canarias, Juan Jesús Arteaga, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, Pedro Moreno, han advertido en una rueda de prensa sobre los efectos "devastadores" que tendrá en el archipiélago esta ley en los servicios sociales esenciales que prestan los ayuntamientos y en el empleo local.
Así mismo, CCOO ha advertido de que, si se mantiene el anteproyecto sin modificaciones, habrá movilizaciones el próximo otoño en las que tratarán de implicar al máximo a los ayuntamientos, ha indicado Moreno.
CCOO buscará la unidad sindical para rechazar esta ley ante la que el sindicato no se puede mantener "impasible" y que ha motivado el desarrollo de una campaña de sensibilización entre los ayuntamientos durante el verano por sus efectos "devastadores" y por no tener en cuenta las peculiaridades de las islas.
Según el sindicato, el anteproyecto de ley deja prácticamente sin competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, lo que supone más de dos tercios de los existentes en Canarias, 60 de los 88, y afecta a más de 400.000 personas de las islas.
Además de cuestionar servicios esenciales, como la ayuda a domicilio o las guarderías, pone en peligro los puestos de trabajo de las personas que los prestan, porque la intención es privatizarlos.
Según Arteaga, los "recortes serán salvajes", por lo que afectarán a la cohesión social y a la democracia.
Moreno ha manifestado que los ayuntamientos canarios han perdido desde 2009 cerca de 4.500 puestos de trabajo y, con esta reforma legal, se podrán perder muchos más, cuando la administración, a su juicio, debe en estos momentos amortiguar la pérdida de empleo que se está produciendo.
Los servicios sociales los prestan empleados cualificados, por lo que entiende que con su privatización perderán calidad.
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