Para comprobar si hay ofertas relacionadas con el sector turístico no declaradas y así detectar posibles fraudes fiscales, según ha asegurado el González Ortiz
El consejero de Economía,
Hacienda y Seguridad del Gobierno canario, Javier González Ortiz, ha
asegurado que el Ejecutivo rastrea páginas web para comprobar si hay
ofertas relacionadas con el sector turístico no declaradas y así
detectar posibles fraudes fiscales.
Javier González Ortiz, en comisión parlamentaria, ha indicado que aunque la inspección en materia tributaria es competencia estatal, el Gobierno regional también lleva a cabo gestiones para combatir la economía sumergida, que perjudica la rentabilidad de los negocios legales.
En colaboración con los diferentes cuerpos de policía, el Ejecutivo persigue los fraudes que se puedan producir, al tiempo que realiza envíos masivos de cartas a los ciudadanos para facilitar la regulación de los comportamientos ilegales.
Según el consejero, se pueden producir fraudes tanto en los establecimientos supuestamente legales como lo ilegales, pues los primeros podrían no declarar la totalidad de sus ingresos, no hacer frente al impuesto de sociedades o no disponer de hojas de reclamaciones.
La diputada del PP Astrid Pérez ha denunciado que mientras que el Gobierno central refuerza las labores de inspección y mejora la recaudación del IVA, en Canarias se produce una "alarmante" subida de la economía sumergida, sobre todo en el sector turístico.
Astrid Pérez ha detallado que el 28,7 por ciento del PIB de las islas corresponde a economía sumergida, un porcentaje que se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional, lo que ha achacado a un exceso de burocracia y a una alta fiscalidad.
El turismo concentra la mayor parte de la economía sumergida y la hostelería y la agricultura son los dos sectores más defraudadores, ha informado la diputada del PP, quien ha pedido al Gobierno que establezca el IGIC reducido para el sector turístico.
"Las empresas eluden la alta fiscalidad para poder sobrevivir", ha aseverado Pérez, quien ha denunciado que el Gobierno "estrangula" y "aprieta" a los empresarios del turismo
Asimismo, ha pedido que se realice un censo de las camas irregulares que hay en Canarias, que ha cuantificado en torno a 150.000, según datos que ha dicho que le ha facilitado el sector empresarial hotelero.
En estos complejos ilegales no se paga el IGIC ni el impuesto de sociedades y, en la mayoría de ellos, hay trabajadores no dados de alta en la seguridad social, ha apostillado.
El diputado del PSOE Pedro Martín ha comentado que cuanto más numerosas sean las inspecciones mayores serán las posibilidades de aflorar una riqueza que escapa a los controles administrativos que garantizan la calidad.
Pedro Martin ha exigido la creación de un observatorio del fraude como estrategia de trabajo conjunta entre todas las administraciones y ha opinado que la economía sumergida perjudica tanto a los empresarios que cumplen con la legalidad como a los que quiera hacer una apuesta por la inversión.
La diputada de CC Claudina Morales ha destacado que la voluntad del Gobierno regional, tal y como anunció su presidente Paulino Rivero en el debate de la nacionalidad, es poner incrementar las inspecciones para luchar contra el fraude fiscal.
"Es importante la colaboración de todas las administraciones con protocolos de trabajo conjuntos", ha manifestado Claudina Morales, quien ha dicho que el fraude pone en juego la economía de sectores muy importantes.
Javier González Ortiz, en comisión parlamentaria, ha indicado que aunque la inspección en materia tributaria es competencia estatal, el Gobierno regional también lleva a cabo gestiones para combatir la economía sumergida, que perjudica la rentabilidad de los negocios legales.
En colaboración con los diferentes cuerpos de policía, el Ejecutivo persigue los fraudes que se puedan producir, al tiempo que realiza envíos masivos de cartas a los ciudadanos para facilitar la regulación de los comportamientos ilegales.
Según el consejero, se pueden producir fraudes tanto en los establecimientos supuestamente legales como lo ilegales, pues los primeros podrían no declarar la totalidad de sus ingresos, no hacer frente al impuesto de sociedades o no disponer de hojas de reclamaciones.
La diputada del PP Astrid Pérez ha denunciado que mientras que el Gobierno central refuerza las labores de inspección y mejora la recaudación del IVA, en Canarias se produce una "alarmante" subida de la economía sumergida, sobre todo en el sector turístico.
Astrid Pérez ha detallado que el 28,7 por ciento del PIB de las islas corresponde a economía sumergida, un porcentaje que se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional, lo que ha achacado a un exceso de burocracia y a una alta fiscalidad.
El turismo concentra la mayor parte de la economía sumergida y la hostelería y la agricultura son los dos sectores más defraudadores, ha informado la diputada del PP, quien ha pedido al Gobierno que establezca el IGIC reducido para el sector turístico.
"Las empresas eluden la alta fiscalidad para poder sobrevivir", ha aseverado Pérez, quien ha denunciado que el Gobierno "estrangula" y "aprieta" a los empresarios del turismo
Asimismo, ha pedido que se realice un censo de las camas irregulares que hay en Canarias, que ha cuantificado en torno a 150.000, según datos que ha dicho que le ha facilitado el sector empresarial hotelero.
En estos complejos ilegales no se paga el IGIC ni el impuesto de sociedades y, en la mayoría de ellos, hay trabajadores no dados de alta en la seguridad social, ha apostillado.
El diputado del PSOE Pedro Martín ha comentado que cuanto más numerosas sean las inspecciones mayores serán las posibilidades de aflorar una riqueza que escapa a los controles administrativos que garantizan la calidad.
Pedro Martin ha exigido la creación de un observatorio del fraude como estrategia de trabajo conjunta entre todas las administraciones y ha opinado que la economía sumergida perjudica tanto a los empresarios que cumplen con la legalidad como a los que quiera hacer una apuesta por la inversión.
La diputada de CC Claudina Morales ha destacado que la voluntad del Gobierno regional, tal y como anunció su presidente Paulino Rivero en el debate de la nacionalidad, es poner incrementar las inspecciones para luchar contra el fraude fiscal.
"Es importante la colaboración de todas las administraciones con protocolos de trabajo conjuntos", ha manifestado Claudina Morales, quien ha dicho que el fraude pone en juego la economía de sectores muy importantes.
El Quijote | Viernes, 05 de Abril de 2013 a las 18:52:39 horas
En Inglaterra todas las familias alquilan habitaciones y publican con total libertad sus anuncios en internet y nadie piensa que esto es economía sumergida. Nuestros políticos deberían de preocuparse más en inspeccionar a los defradaudores de verdad (clase política, realeza, sindicatos...), es decir, entre otros, a ellos mismos...
A ver si el consejero declara todo lo que gana...
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